El feminismo en el discurso y la realidad del poder
Se promocionó una transformación política bajo las banderas del feminismo y la protección de los derechos reproductivos; sin embargo, la gestión actual enfrenta críticas por la presunta protección de figuras señaladas como agresores.
La promesa de un país seguro y paritario ha derivado en una estructura donde el círculo cercano del presidente Gustavo Petro está integrado por hombres con cuestionamientos públicos, mientras las demandas de coherencia de diversos sectores femeninos son frecuentemente desestimadas.
“Peleas de pareja”, la respuesta que desangra la confianza
El mayor impacto en la opinión pública no proviene únicamente de la ausencia de resultados técnicos, sino de la sensación de que, desde la máxima autoridad del país, se legitima o se relativiza el machismo. Frente a evidencias de agresiones físicas, la respuesta presidencial ha sido leída por amplios sectores como una minimización reiterada de la violencia de género.
Al referirse a un hecho documentado en video, la declaración oficial fue:
“Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”.
Esta postura ha sido interpretada por expertos como una renuncia del Estado a su deber de protección hacia las mujeres. Al reducir a “peleas” o “aruños” lo que jurídicamente constituye violencia, se transmite un mensaje de permisividad que debilita la respuesta institucional.
Incluso figuras que han apoyado el proyecto político como Susana Muhamad y Margarita Rosa de Francisco han solicitado públicamente que se reconozca la gravedad de los hechos, enfatizando que la integridad física no puede ser
tratada como un asunto privado de pareja.
El círculo de “joyas”: ¿protección o complicidad?
Resulta un motivo de alerta que algunas de las figuras con mayor respaldo dentro del Ejecutivo sean, precisamente, aquellas que acumulan denuncias por conductas contrarias a la dignidad de las mujeres. Mientras distintos liderazgos femeninos han sido apartados de la administración, el denominado “círculo de hierro” se mantiene intacto:
- Armando Benedetti: Denunciado en España (2024) por presuntas amenazas y violencia doméstica. A pesar de la gravedad de los señalamientos, se ha mantenido en cargos de alta confianza.
- Hollman Morris (Gerente de RTVC): Enfrenta múltiples señalamientos por presunta violencia intrafamiliar y un patrón de acoso laboral sistemático denunciado por trabajadoras del sector público.
- Alex Flórez: Investigado formalmente por presunta violencia intrafamiliar agravada contra su expareja.
La presunción de inocencia como argumento selectivo
El respaldo institucional a estos funcionarios, amparado en la presunción de inocencia, contrasta con la rapidez con la que el discurso del Gobierno de Gustavo Petro exige sanciones en otros contextos.
Esta diferencia de trato alimenta la percepción de un doble rasero y refuerza la idea de que las banderas del feminismo funcionan como recurso electoral, pero se diluyen cuando el señalado forma parte del círculo político cercano.
Estigmatización y silencio institucional
La crisis de confianza se profundiza con la actitud defensiva del Estado frente al control social. La Corte Constitucional ha tenido que intervenir para exigir el cese de la estigmatización contra las mujeres periodistas, quienes son atacadas desde el poder al ejercer su labor de fiscalización.
El costo del silencio institucional
El cambio prometido ha derivado en una estructura de poder que parece instrumentalizar las causas de género, pero desprotege a las víctimas cuando el agresor forma parte del entorno presidencial. La paz y el progreso femenino en el país no pueden consolidarse sobre el silencio institucional ante el acoso laboral y la agresión física.
