El reciente escándalo “Montealegre RTVC”, que involucra al ministro Eduardo Montealegre Lynett —actual titular de la cartera de Justicia — ha reavivado el debate sobre los conflictos de interés en el alto gobierno.
Según documentos públicos, Montealegre traspasó la propiedad de su empresa “Soluciones Digitales S.A.S.” a su esposa, María Fernanda Gaitán, justo antes de asumir su cargo en 2022. Poco después, la firma obtuvo un contrato por $3.800 millones con RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia), entidad que, irónicamente, está bajo la órbita de su propio ministerio.
Aunque el ministro alega que cumplió con los protocolos legales, expertos en ética pública como Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), señalan que este caso exhibe un “conflicto de intereses encubierto”.
Por su parte, Carolina Ortega, exsecretaria de Transparencia, advierte que estas maniobras —aunque técnicamente legales— socavan la confianza ciudadana, pues “utilizan vacíos jurídicos para beneficiar a familiares con dineros públicos”.
¿Por qué el caso Montealegre RTVC es grave?
Patrón recurrente: Según un informe de Transparencia por Colombia, el 40% de los casos de corrupción en 2023 involucraron a funcionarios que transfirieron negocios a familiares antes de asumir cargos públicos.
Falta de controles: La Procuraduría General ha admitido que no existen mecanismos efectivos para auditar este tipo de traspasos empresariales previos a nombramientos.
Daño institucional: Una encuesta de Invamer revela que el 72% de los colombianos cree que los conflictos de interés son la principal puerta de entrada a la corrupción en el gobierno.
Contexto adicional: Este no es un hecho aislado. En 2021, el entonces senador Luis Fernando Velasco (hoy ex ministro del Interior) fue cuestionado por un contrato de su hermano con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), y en 2020, el ex-director del DANE, Juan Daniel Oviedo, renunció tras revelarse que su socia comercial tenía vínculos con licitaciones de esa entidad.
El caso Montealegre-Gaitán no es solo un debate legal, sino un test de ética pública. Mientras las normas permitan que altos funcionarios —o sus círculos cercanos— se beneficien de contratos estatales, la corrupción seguirá mutando en formas “legales” pero inaceptables.
Urge que la Contraloría y el Consejo de Estado revisen estos vacíos, pero también que la ciudadanía exija rendición de cuentas. Como bien lo resume la Fundación Paz y Reconciliación: “La corrupción no siempre llega con maletines de dinero; a veces viene con firmas notariales”.
