Una transición energética que termina siendo injusta
Nos creímos el cuento cuando el Gobierno habló de una transición energética justa, de un futuro limpio para el país. Pero la propuesta de subir los aranceles a los carros y motos de combustión interna al 40 % y 35 % demuestra, una vez más, que la carga del cambio recae sobre los de siempre.
La consecuencia más inmediata no es el aire más limpio, sino la asfixia económica de millones de ciudadanos.
La realidad económica detrás de una medida que no distingue clases
La gran mentira es que la medida solo castiga a los más ricos. La verdad, que duele, qué pasaría si Gustavo Petro decide suspender el TLC con USA, como previamente se ha advertido, un Chevrolet Onix podría encarecerse en millones de pesos, dejando fuera del mercado a familias de clase media y trabajadora que ven en un vehículo o una motocicleta su herramienta de trabajo y transporte.
En un país donde el 70 % de los automóviles que se venden son vehículos a gasolina, y donde más de 11 millones de motos son el motor de la economía popular, esto es un golpe a la dignidad.
La letra pequeña del TLC nos abre los ojos sobre quién paga realmente esta medida
La propuesta se justifica con argumentos ambientales y de reindustrialización para reducir la alta demanda de energía fósil en Colombia. Pero seamos críticos sin necesidad de discursos técnicos: castigar así al consumidor es, simplemente, regresivo.
A esto se suma la letra pequeña: la medida no aplica para los países con Tratado de Libre Comercio, lo que significa que el mayor impacto recaerá en los carros importados de mercados sin acuerdos preferenciales, como China o Japón.
Esta decisión no promueve la compra de eléctricos; solo castiga a quienes no tienen otra alternativa. Expertos señalan que, en lugar de encarecer lo existente, lo justo y sensato sería reducir los aranceles a los vehículos para que la transición sea viable y no un lujo inalcanzable.
Entre el discurso oficial y la realidad
Una transición energética debe ser justa y accesible; de lo contrario, solo amplifica la brecha social y nos deja con la amarga certeza de que las promesas de bienestar se diluyen en una política económica que ignora las realidades del día a día.
La movilidad eléctrica avanza sin regulación clara
Está claro que se debe avanzar en formas sostenibles de movilidad, pero con reglas claras. Ahora, los carros eléctricos deben pagar Soat, revisión tecnicomecánica y cumplir con el registro de su matrícula.
Mientras tanto, las motos eléctricas se venden sin control, alimentando la mentira de que no necesitan Soat ni tecnicomecánica. Y lo más grave: circulan sin placa y con el impulso de leyes que les abren paso por las ciclorutas, poniendo en riesgo a los ciclistas, el medio de transporte sostenible.
