El gobierno del presidente Gustavo Petro decretó a media noche del 31 de julio la reforma a la salud, a pesar de que el proyecto aún no ha sido avalado por el Congreso, se encuentra en pleno debate en el Senado e incluso a pesar de que se ha hundido antes. La decisión ha levantado una pregunta clave: ¿Dónde queda la separación de poderes cuando el Ejecutivo impone por decreto lo que el Legislativo no ha aprobado?

Decreto en Lugar de Debate: El decreto, que implementa un modelo de atención “preventivo, predictivo y resolutivo”, se emitió justo después de que la Comisión Séptima del Senado eligiera como su presidente a Miguel Ángel Pinto, un congresista opositor al gobierno, rompiendo los acuerdos políticos y evidenciando el difícil ambiente para la aprobación de la reforma.

¿Salvando a las EPS?

El presidente Petro defiende la decisión argumentando que está “salvando a las EPS” de la quiebra, y las invita a convertirse en gestoras. Esta narrativa “heroica” contrasta con las críticas de la oposición, que ven en el decreto un acto de imposición y autoritarismo.

Críticas de la Oposición y las demandas que llegan

Senadores y analistas han calificado la medida de “decretazo”, acusando al gobierno de saltarse al Congreso e irrespetar la separación de poderes. Anuncios de demandas por parte de Acemi, el gremio de la EPS y la crítica a la falta de sustento legal de los cambios ya son parte de la reacción.

El gobierno dice que no fue un decretazo de la reforma ni que se acaban las EPS, pero…

El decreto que expidió a media noche de este jueves 31 de julio sí transforma la función de las EPS a una función de “coordinación”. Cambia el foco del sistema de salud hacia un modelo preventivo y el modelo de gobernanza con Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud. Es decir, les quita el rol de ser un único intermediador para pasar a ser un actor más dentro del sistema.

“El Gobierno decide todo”

Las críticas apuntan a que, con esta medida, el gobierno demuestra una actitud de “decir para qué seguir discutiendo una reforma en el Congreso si el gobierno ya decidió todo por decreto”. Esto debilita la labor legislativa y los principios democráticos.