¿Quién es Juliana Guerrero?
Juliana Guerrero es una joven de 22 años que ha protagonizado uno de los ascensos más rápidos en los círculos de poder del Gobierno Petro. Gracias a su cercanía con el mandatario, fue proyectada para ocupar un cargo de alta relevancia: la dirección del Viceministerio de Juventudes.
Su perfil fue presentado como símbolo de renovación generacional.
Sin embargo, su edad y la falta de una trayectoria pública sólida despertaron dudas inmediatas.
¿Cómo una recién graduada podía asumir la gestión de políticas públicas para millones de jóvenes?
Según las denuncias, la respuesta no estaría en su mérito académico, sino en un posible esquema de fraude.
El escándalo por los títulos de Guerrero
El eje del escándalo está en la autenticidad de sus diplomas. Para ocupar el cargo de viceministra, Guerrero debía acreditar estudios de educación superior.
Sin embargo, se le señala de haber obtenido estos títulos de forma irregular en la Fundación San José. Esta institución ya ha estado bajo la lupa en otros casos por inconsistencias académicas.
La denuncia tomó fuerza cuando se conoció que pretendía validar su experiencia y formación con documentos que no coinciden con un proceso educativo regular.
La incertidumbre creció cuando se reveló que no habría cumplido pasos básicos que cualquier estudiante en Colombia debe seguir.
Las pruebas conocidas del caso
La congresista Jennifer Pedraza reveló tres facturas emitidas por la DIAN que complican la situación.
Los documentos detallan pagos educativos realizados a la Fundación San José.
Lo más llamativo del caso es que los pagos se efectuaron en fechas posteriores a su supuesto grado.
Además, los cobros no se limitaron a los derechos de grado. Incluyeron conceptos de matrícula. Esto sugiere que el trámite de la “graduación” se habría acelerado para cumplir los requisitos del nombramiento.
La prueba clave que falta
A esto se suma un dato clave. Juliana Guerrero no presentó la Prueba Saber Pro.
Este examen es un requisito legal y obligatorio para que cualquier joven en Colombia pueda obtener su título profesional.
Que una alta funcionaria del Gobierno Petro intente ocupar un cargo de poder saltándose esta norma fundamental es una ofensa para los miles de estudiantes que cumplen con la ley cada año.
El impacto del caso en los colombianos
Este es un golpe directo a la meritocracia. En Colombia, millones de familias se endeudan con créditos del Icetex o sacrifican su bienestar para pagar un pregrado. Los jóvenes estudian, trasnochan y se esfuerzan con la expectativa de que un título les abra puertas de forma honesta.
La posible compra de títulos envía un mensaje devastador. Sugiere que hacer trampa puede tener recompensa si existen contactos políticos.
En un gobierno que prometió defender a los jóvenes y cambiar viejas prácticas, este caso deja una consecuencia política y económica clara. Y la desconfianza ciudadana se profundiza.
El doble discurso del Gobierno Petro
Gustavo Petro llegó a la Presidencia como abanderado del cambio y la transparencia. Sin embargo, el caso de Juliana repite prácticas que el petrismo criticó con dureza cuando era oposición.
Este doble rasero ético es hoy una de las principales fuentes de indignación.
El caso Jennifer Arias y la indignación política
Entre 2021 y 2022, el país presenció ataques constantes contra Jennifer Arias, entonces presidenta de la Cámara. El motivo fue un presunto plagio en su tesis de maestría. En ese momento, la oposición, que hoy gobierna, convirtió el caso en un “caballito de batalla” moral.
Líderes como el senador Iván Cepeda amplificaron los señalamientos. También aliados del presidente Gustavo Petro, entre ellos: Gustavo Bolívar, David Racero, Carolina Corcho e Inti Asprilla, pidieron su renuncia en redes sociales. Ya que para ellos, el fraude académico invalidaba cualquier cargo público.
Hoy, frente a denuncias similares dentro de su propio sector, el silencio es total.
El caso de Guillermo Reyes y el silencio oficial
Otro caso destacado fue el de Guillermo Reyes. En 2022, al inicio del Gobierno Petro, se revelaron al menos siete presuntos plagios cometidos por el entonces ministro de Transporte. A pesar de la evidencia presentada por medios como La Silla Vacía, el petrismo guardó silencio.
Lejos de recibir sanciones, Reyes contó con el respaldo del mandatario y de la primera dama, Verónica Alcocer. Tras su salida del ministerio, fue nombrado embajador en Suecia.
Este patrón sugiere que el Gobierno mide la ética académica según la cercanía política del implicado.
La transparencia en el Gobierno Petro
El caso de los títulos de Juliana Guerrero es una prueba clave para la legitimidad del Gobierno Petro.
La información verificada apunta a un posible fraude que no puede ser ignorado por las autoridades. Si una aspirante a viceministra llega al poder mediante la supuesta compra de títulos, la promesa del “cambio” pierde fuerza.
El país necesita respuestas claras. La Fundación San José debe explicar por qué emitió diplomas en condiciones irregulares.
La Fiscalía y los entes de control deben actuar con la misma rapidez que antes se exigía. Sin mérito ni honestidad académica, no puede haber una transformación social real en Colombia.
Preguntas frecuentes sobre la compra de títulos académicos en Colombia
¿Es delito comprar un título universitario en Colombia?
Sí. Comprar o usar un título universitario falso puede constituir varios delitos. Entre ellos están falsedad en documento, fraude y uso de documento falso. Las sanciones pueden ser penales y administrativas, según el caso y el cargo ocupado.
¿Qué entidades deben investigar un presunto fraude académico?
Las principales entidades son la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Educación. También pueden intervenir la Procuraduría y la Contraloría si hay funcionarios públicos involucrados. Cada una actúa según sus competencias legales.
¿Qué requisitos exige la ley para ocupar un cargo de viceministro en Colombia?
La ley exige acreditar formación académica válida y experiencia relacionada con el cargo. Los títulos deben ser legales y verificables. Además, el funcionario debe cumplir todos los requisitos formales establecidos por la normativa vigente.
