La ruptura desmentida y el papel legal de la Primera Dama
Verónica Alcocer es la tercera esposa de Gustavo Petro y madre de Antonella Petro, Sofía Petro y Nicolás Alcocer, ocupa la atención pública en medio de la reciente controversia sobre su presunta separación del mandatario.
Un análisis riguroso de la coyuntura muestra que la supuesta Separación de Gustavo Petro de Verónica Alcocer, revelada por el propio mandatario tras su inclusión en la Lista Clinton, se convierte en un riesgo de responsabilidad fiscal.
Es pertinente recordar que, en 2024, Gustavo Petro fue visto en Panamá paseando de la mano con una mujer trans, hecho que alimentó las versiones sobre una separación definitiva con Verónica Alcocer.
Sin embargo, la evidencia documental contradice al propio mandatario: las declaraciones de conflicto de interés presentadas en noviembre de 2024 —y divulgadas por el concejal Daniel Briceño— lo registran como legalmente casado con Alcocer, lo que refuta su afirmación de que la ruptura ocurrió “hace años”.
La contradicción pública y coherencia documental
La principal consecuencia de esta contradicción radica en la urgencia de exigir transparencia institucional sobre el verdadero vínculo legal entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer.
La revelación, presentada por el Presidente de Colombia como un intento de defender a su esposa tras su inclusión en la Lista Clinton, se percibe más como una maniobra política que como una declaración de carácter personal.
No obstante, dicha estrategia se enfrenta a una disonancia evidente: si Alcocer estaba efectivamente separada “hace años”, su participación activa y los gastos asociados a su rol como Primera Dama carecen de sustento jurídico y de coherencia frente a la narrativa oficial del Gobierno.
El impacto económico del séquito presidencial
La ambigüedad que rodea la supuesta separación de Verónica Alcocer es fiscalmente costosa. Según la evidencia disponible, el séquito de la Primera Dama ha incurrido en gastos superiores a los mil millones de pesos hasta enero de 2024, financiados con recursos estatales a través de distintas entidades públicas.
¿Quién asume la responsabilidad de los costos de un rol no oficial?
Aplicar rigor metodológico a este caso implica examinar con detenimiento la responsabilidad sobre los recursos destinados al entorno de Verónica Alcocer. El séquito de la Primera Dama —que incluía maquillador, vestuarista y asesores con salarios equiparables a los de un ministro— fue financiado con fondos estatales, mientras el presidente Gustavo Petro sostiene haber estado separado “hace años”.
El criterio periodístico exige determinar si la separación de Gustavo Petro era real o simulada, pues de haber estado realmente disuelto el vínculo legal, los viajes y eventos internacionales de Alcocer como Primera Dama se consolidan como un uso indebido de fondos públicos, exacerbando la crisis de legitimidad de su administración.
