La oficina 210: el centro jurídico del DAPRE en la Casa de Nariño
La oficina más cercana al despacho del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño es la 210. Allí funciona la oficina jurídica. Esta dependencia revisa y arbitra la contratación del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
El DAPRE es clave porque coordina todo el aparato presidencial. Es el puente del Presidente con los Ministros, hace seguimiento a las políticas públicas y revisa decretos. Además, claro, de manejarle la agenda al Presidente.
La red jurídica que conecta a Nicolás Petro con contratos del DAPRE
Visualización interactiva basada en los actores, firmas y entidades mencionadas en esta investigación. Pasa el cursor sobre un nodo para ver información rápida o haz clic para fijarla.
El ingreso de Nicolás Petro al entorno jurídico de Presidencia
La investigación de PetroLeaks señala que en 2025 el exdiputado e hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos, ingresó al entorno jurídico de Presidencia por medio de un roscograma de abogados relacionados con el clan Char, el exalcalde Daniel Quintero y el procurador Gregorio Eljach.
El papel de Armando Benedetti en la llegada de Nicolás Petro al Palacio
En el Palacio, la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, bajo la influencia del ministro del Interior Armando Benedetti, facilitó la entrada de una red de abogados que opera como un bloque concentrado en asesoría de contratación pública vinculada a los fondos de “Paz Total” y al Fondo de Adaptación.
Prueba de ello son los contratos 316, 317 y 318 de 2025, que fueron firmados con M&L Law Firm Consultores S.A.S., Consulproyectos y Servicios S.A.S. y Cotes Abogados Asesores y Consultores Especializados S.A.S.
Estas firmas funcionan como satélites legales alrededor del círculo cercano al poder presidencial y del propio presidente Gustavo Petro, consolidando una estructura jurídica con influencia en el corazón del Gobierno.
Los abogados que integran estas sociedades han sido contratistas de la Alcaldía de Medellín (2022–2023). También registran contratos con la Alcaldía de Barranquilla, la Secretaría del Senado (2023) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entre 2022 y 2023, entidad señalada en investigaciones por presuntos hechos de corrupción.
La red conecta a Nicolás Petro Burgos y a Laura Ojeda con el exalcalde Daniel Quintero y con dependencias de la actual administración de Barranquilla.
No se trata de un contrato aislado. Los mismos nombres aparecen en distintas entidades del Estado. La reiteración de vínculos contractuales configura un entramado jurídico-político que se repite bajo diferentes fachadas y que opera como engranaje silencioso en decisiones estratégicas del Gobierno.
Firmas que tienen como experiencia asesoría jurídica vigente con diferente secretarias de la Alcaldía de Alejandro “Alex“ Char en Barranquilla.
La externalización de la asesoría jurídica en Presidencia y sus implicaciones
Cómo opera la contratación del DAPRE
Este diagrama resume el mecanismo descrito en la investigación: desde la estructura institucional del DAPRE, pasando por la oficina jurídica y la externalización de la asesoría, hasta los contratos y ejecutores identificados.
DAPRE
Departamento Administrativo de la Presidencia. Coordina el aparato presidencial, hace seguimiento a políticas públicas y revisa decretos.
Oficina Jurídica / oficina 210
Es el centro jurídico del DAPRE dentro de la Casa de Nariño, encargado de revisar y arbitrar la contratación.
Contratación externa
La investigación sostiene que parte de la asesoría jurídica no se concentró únicamente en el equipo interno, sino que fue externalizada mediante firmas contratadas.
M&L Law Firm Consultores S.A.S.
Una de las firmas mencionadas en la contratación analizada por la investigación.
Consulproyectos y Servicios S.A.S.
Otra de las sociedades señaladas como parte de la contratación externa revisada.
Cotes Abogados Asesores y Consultores Especializados S.A.S.
Tercera firma incluida en el bloque contractual descrito en el texto.
Abogados que aparecen en los contratos revisados
Aunque la Presidencia ya cuenta con una Secretaría Jurídica interna permanente, la contratación de una firma externa como M&L introduce un elemento distinto: no se trata del funcionamiento ordinario del aparato legal del Ejecutivo, sino de un refuerzo externo temporal.
En la práctica, esto suele ocurrir cuando la entidad enfrenta picos de carga jurídica, procesos complejos, asuntos especializados o decisiones administrativas sensibles que requieren capacidad adicional o conocimiento técnico específico.
Sin embargo, desde el análisis institucional, el punto relevante es otro: la asesoría no se concentró exclusivamente en el equipo jurídico propio —que es el órgano natural de control legal del Ejecutivo—, sino que parte de esa función se externalizó.
Esa externalización puede ampliar los márgenes de discrecionalidad operativa, especialmente si la misma firma mantiene vínculos contractuales simultáneos con otras ramas del Estado, como el Congreso.
Tras revisar la contratación en el SECOP, se encontró que los contratos de estas firmas son ejecutados principalmente por Iván Alfredo Alfaro Gómez, David Segrera Uribe y David Alonso Roa Salguero.
El papel de Angie Rodríguez y el clan Char
La denuncia señala un punto de inflexión institucional con la llegada de Angie Rodríguez al DAPRE. Bajo su administración, se habría facilitado la llegada de abogados vinculados al clan Char, grupo político tradicionalmente asociado a la contratación de infraestructura en Barranquilla, Soledad y la Gobernación del Atlántico.
No fueron los únicos. También ingresaron exfuncionarios de la administración del exalcalde Daniel Quintero en Medellín.
Así se consolidó un bloque de operadores con trayectoria en gobiernos locales y participación en contratos de alcance nacional.
La triangulación institucional entre Presidencia, Congreso y Procuraduría
El entramado se hace aún más complejo al revisar los contratos suscritos por las firmas mencionadas con el Congreso de la República, varios de ellos durante el periodo en que Gregorio Eljach se desempeñaba como Secretario General del Senado, cargo que antecedió a su actual función como Procurador General de la Nación.
Los nombres que se repiten en esos contratos —Iván Alfredo Alfaro Gómez, David Segrera Uribe y David Alonso Roa Salguero— evidencian una estructura de influencia jurídico-política que conecta a la Casa de Nariño, al Congreso y a los órganos de control.
Los abogados que ejecutaron los contratos
Los contratos revisados permiten identificar a los principales ejecutores de estas firmas jurídicas. Se trata de los abogados cuyos nombres aparecen en los registros oficiales de contratación.
El operador: Iván Alfredo Alfaro Gómez
Lectura del gráfico: el nodo central representa a Iván Alfredo Alfaro Gómez. Las conexiones muestran los ámbitos, actores y referencias que el texto vincula a su papel como operador jurídico.
Uno de los nombres clave es el del abogado Iván Alfredo Alfaro Gómez, quien aparece de forma recurrente en el entorno jurídico y político del presidente Gustavo Petro.
Alfaro fue apoderado de Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, en la demanda por injuria y calumnia contra Day Vásquez, exesposa del hijo del presidente. Su cercanía con el círculo familiar ha sido reseñada públicamente. Pero su presencia en la administración pública no se limita a ese episodio.
Posteriormente, Alfaro fue contratado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en medio del escándalo de corrupción que afecta a esa entidad. El actual director, Carlos Carrillo, lo calificó públicamente como el “jefe jurídico de facto”.
Este es el contrato:
Eso es raro por dos razones. Primero porque generalmente los jefes jurídicos de las entidades estatales son funcionarios de planta. No son contratistas. Segundo, y aún más cuestionable, porque un contratista no puede tener a otros contratistas a su cargo.
Según Carrillo y una matriz de colaboración entregada a la Fiscalía por el exasesor Pedro Rodríguez, Alfaro no solo ejercía control jurídico sobre convenios claves, sino que percibía 24 millones de pesos mensuales como contratista. Además, buscaba habilitar un segundo contrato —por medio de la firma Capstone Group Attorneys At Law S.A.S., de su órbita— por otros 100 millones mensuales, lo que representaría más de 1.200 millones de pesos.
Su rol como operador jurídico también lo habría llevado a viabilizar contratos direccionados en la reconstrucción de Mocoa, un paquete de obras que compromete cientos de miles de millones de pesos y que, según la Fiscalía, incluiría sobrecostos y beneficios indebidos para funcionarios y contratistas.
En total, Alfaro habría facilitado un esquema de apropiación de recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables.
David Andrés Segrera Uribe: poder sin funciones formales
Lectura del gráfico: el nodo central representa a David Andrés Segrera Uribe. Las conexiones muestran los actores, dependencias y episodios que el texto relaciona con su paso por Medellín y su papel dentro del entramado descrito.
Otro de los nombres que aparece en este entramado es el de David Andrés Segrera Uribe, abogado con recorrido en estructuras jurídico-administrativas. En Medellín fue contratista adscrito a la Secretaría Privada, una dependencia con alto peso político durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.
El 3 de noviembre de 2023, 22 funcionarios de la Secretaría de Evaluación y Control firmaron una carta —divulgada por la abogada Gloria Jaramillo— en la que solicitaban frenar nuevas contrataciones por considerarlas innecesarias y contrarias a los principios de austeridad fiscal.
En ese mismo documento pidieron expresamente que Segrera se abstuviera de impartir órdenes, intervenir en procesos contractuales, relacionarse con entes de control o utilizar instalaciones oficiales, al señalar que no tenía funciones formalmente asignadas.
Ese episodio coincidió con una crisis institucional sin precedentes: el Concejo de Medellín aprobó una moción de censura y destituyó a Juan David Duque, secretario privado de Quintero, convirtiéndolo en el primer funcionario en ser removido por este mecanismo en la historia de la ciudad.
La coincidencia entre los hechos refuerza la percepción de que la Secretaría Privada se convirtió en un nodo informal de poder, con contratistas como Segrera ejerciendo funciones públicas sin legitimidad legal.
El fantasma del lobbista Garcés
La llegada de estas firmas de abogados y de los personajes mencionados coincidió con la designación de Angie Rodríguez en el DAPRE en 2025. Según las fuentes consultadas, durante su administración se ordenó la salida de varios funcionarios de carrera del Departamento Administrativo de la Presidencia, proceso que se habría materializado a través de decisiones administrativas en el área liderada por la jefa administrativa Andrea Castro.
En ese escenario apareció el enigmático Fernando Garcés, señalado como un lobbista y descrito por el medio universitario Desigual como ” amigo de Amando Benedetti, el hombre de los negocios, que está untado hasta los huesos del petrismo”, teniendo alcance con la embaja de República Dominicana y Fiduprevisora.
El presunto historial delictivo de Nicolás Petro Burgos
Que Nicolás Petro tenga acceso en cuerpo ajeno a la Casa de Nariño a través de estos abogados es polémico por los escándalos en los que ha estado envuelto. Desde el inicio del Gobierno, el hijo mayor del Presidente Gustavo Petro enfrenta investigaciones, indagaciones y señalamientos por parte de los entes de control.
Como contamos en PetroLeaks, Petro Burgos vinculó su actividad digital a Comoras, un paraíso fiscal en África donde han existido denuncias de lavado de activos. Eso abrió la sospecha de una posible fuga, pero ¿por qué?.
Tiene un proceso por presunto lavado de activos y supuesta financiación irregular a la campaña de su padre y actual Presidente, Gustavo Petro. Se trata de un caso que está vigente desde 2023 y que se podría postergar hasta después de las elecciones de este año.
Petro Burgos también tiene en curso otro proceso. Según la Fiscalía, en 2021 habría usado contratos de la Gobernación del Atlántico a través de la Fundación Consciencia Social para favorecer a amigos y familiares con acuerdos presuntamente amañados.
Aunque la Fiscalía pidió enviarlo a casa por cárcel, un juez lo dejó libre.
¿El DAPRE es una piñata de contratos familiares?
Según el periódico El Tiempo, Ingrid Carolina Plata, la mejor amiga de la Primera Dama Verónica Alcocer, ha tenido contratos por 719 millones de pesos con el DAPRE durante este Gobierno. Es el equivalente aproximado a lo que se gana el presidente Gustavo Petro en 10 meses o el Alcalde Carlos Fernando Galán en un año y 10 meses.
Antecedentes y funcionarios que han pasado por el DAPRE
La oficina del DAPRE, prácticamente la dependencia que es mano derecha del Presidente Gustavo Petro, ha pasado por personas bastante cuestionadas durante este Gobierno. Uno de ellos es Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE. Ha sido vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Actualmente tiene circular roja de Interpol y se encuentra en Nicaragua bajo la protección del presidente Daniel Ortega.
También pasó por esta órbita Laura Sarabia, actual embajadora en Reino Unido. Su nombre apareció en controversias por la interceptación de las líneas telefónicas de su niñera y por el presunto suicidio de un capitán que habría ejecutado la orden. Recientemente, el presidente Petro la designó para llevar ante la Superintendencia Nacional de Salud a interventores señalados por desvío de recursos del sistema de salud.
Otra figura es Angie Rodríguez. Ha sido señalada de otorgar contratos por instrucción de Armando Benedetti. Su salida generó polémica. Según versiones conocidas, se habría opuesto a entregar contratos a un exfuncionario del DAS en el DAPRE.
Distintas fuentes sostienen que la institución mantiene influencia del ministro Benedetti, a quien algunos sectores describen como una “mano invisible” en varias decisiones.
Conclusiones sobre la red jurídica en Presidencia
La investigación muestra que la llegada de Nicolás Petro al entorno jurídico del Palacio estuvo acompañada de redes de abogados, influencia de Armando Benedetti según una fuente consultada por PetroLeaks y vínculos con el clan Char. Esto refleja un entramado de amiguismos y palanca que opera en contratos del DAPRE y otras entidades, generando riesgos sobre transparencia y discrecionalidad.
Espere la parte 2, 3 y 4 sobre cómo recursos del Estado y la Paz Total pudieron haberse perdido.
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Preguntas frecuentes sobre Nicolás Petro y el Clan Char
¿Qué es la oficina jurídica del DAPRE y qué funciones cumple?
La oficina jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) revisa y arbitra la contratación del Gobierno, asesora decisiones administrativas y coordina aspectos legales clave dentro de la Casa de Nariño.
¿Qué implicaciones tienen los contratos de M&L Law Firm y otras firmas externas?
Las firmas externas como M&L Law Firm apoyan al DAPRE en procesos complejos de contratación pública. Su participación ha generado debates sobre discrecionalidad operativa y la influencia de redes jurídicas en decisiones estratégicas del Gobierno.
¿Qué es la red jurídica que operó en el DAPRE en 2025?
Se trata de un conjunto de firmas y abogados que asesoraron la contratación pública del Departamento Administrativo de la Presidencia, conectando a actores políticos y operadores con antecedentes en entidades como UNGRD y alcaldías locales.
