Lo que dice el texto oficial
| Beneficiario | Beneficio central | Letra pequeña |
|---|---|---|
| Jóvenes de la protesta | Rebaja hasta 70 % de la condena y libertad condicional tras 2 años | Acceden a justicia restaurativa y deben “reparar” a las víctimas Semana |
| Bandas urbanas / mandos medios | Penas se reducen al 40-60 % | Deben entregar información y bienes ilícitos El País |
| Capos y estructuras de alto impacto | Pueden conservar hasta 12 % de su fortuna y ver rebajas del 40-60 % | Exigencia de verdad y desmantelamiento real El Colombiano |
La ruta: del intento fallido de 2023 al plan exprés de 2025
El Gobierno ya había sufrido el hundimiento de un proyecto similar en 2023. Ahora retoma la apuesta a contrarreloj, con un Congreso fragmentado y la seguridad en deterioro. Montealegre insiste en que “no es una ley de impunidad”, sino una “herramienta de orden público” El País.
Las grietas del modelo
- Corte Suprema: denuncia falta de deliberación y recursos para la Fiscalía.
- Juan Manuel Santos y Humberto de la Calle: advierten que extender justicia transicional a mafias “es un salto al vacío”.
- Otty Patiño (Alto Comisionado de Paz): pide reabrir el debate; teme “una gran apertura a la impunidad”.
- Ángela M. Buitrago: cuestiona la proporcionalidad y la “amnistía encubierta” a la Primera Línea. El País
¿Quién gana, quién pierde?
Ganadores potenciales
- Mandos medios de guerrillas y bandas que hoy pagan condenas de 15-30 años.
- Jóvenes con sentencias por vandalismo, algunos con cargos de tortura y homicidio.
- Grandes capos: además de la rebaja, retienen parte del botín.
Perdedores potenciales
- Víctimas que exigen penas proporcionales y reparación plena.
- Fiscalía y jueces, obligados a tramitar miles de expedientes con recursos inciertos.
- Confianza ciudadana en la justicia: la palabra “impunidad” domina la conversación pública y las redes.
Próximos pasos
- Concepto de la Comisión Primera: primera prueba de fuego.
- Debate plenarias: se requiere mayoría simple; el Gobierno no la tiene asegurada.
- Revisión de la Corte Constitucional: obligatoria si se aprueba, dada la creación de beneficios penales excepcionales.
Claves que siguen abiertas
¿Quién auditará la restitución del 88 % restante de los bienes?
¿Qué pasa con reincidentes de las FARC que regresaron a las armas?
¿Cómo se verificará el desmonte real de estructuras criminales?
