¿Recursos públicos al servicio de una figura política?

¿Cuál es la verdadera función de los medios públicos en Colombia? Las críticas convergen en la millonada que representa el coste del documental de Petro, titulado Petro: décadas de lucha, un pueblo decide. Más allá del monto, la gravedad reside en el fondo de la operación: la potencial instrumentalización de una entidad estatal para promocionar a un presidente de Colombia, diluyendo la delgada línea entre información histórica y propaganda política.

RTVC, en el medio de la controversia

La evidencia contractual señala que RTVC adquirió los derechos del documental Petro por un valor de $10.000 USD, con un costo adicional por cada emisión, que asciende a $3.333 USD. Es decir, cada vez que el gobierno decida transmitirlo, deberá pagar ese monto. El acuerdo inicial contempla 4 transmisiones, por lo que deberá pagar 13.300 dólares adicionales. Por eso, resulta imprescindible recordar que dichos recursos provienen del Presupuesto General de la Nación.

Este desembolso ocurre mientras la corporación enfrenta un escrutinio judicial: una acción popular admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cuestiona a RTVC por desdibujar su misión al intermediar en contratos ajenos a la producción audiovisual, logística de eventos o contratación de alimentación.

Implicaciones de legitimar un documental presidencial como documento histórico

Este documental en efecto es una producción audiovisual, surge la pregunta ética fundamental: ¿es legítimo catalogar el millonario documental de Petro como material histórico? RTVC intenta argumentar su difusión con la narrativa que pone en la descripción, para justificar su difusión en medios públicos.

“La trayectoria de Gustavo Petro se convierte en espejo de las transformaciones políticas de Colombia. Una narración que enlaza memorias de archivo y relatos de campaña con las voces de un pueblo que se atrevió a soñar con el cambio”, señala RTVC en la sinopsis.

Narrativas gubernamentales a un año de las elecciones

La cuestión no es la historia del Presidente Gustavo Petro, sino a qué propósito sirve el dinero del país. Destinar erario público a un contenido que la oposición califica de “propaganda y megalomanía” vulnera la confianza electoral. La línea de tiempo es crítica: este tipo de promociones audiovisuales financiadas con recursos públicos cerca de ciclos electorales genera un sesgo indeseable.

Confianza ciudadana en riesgo

El principal riesgo, es la percepción documentada de que los recursos de todos los colombianos se está empleando para alimentar una narrativa de poder, alejándose del deber de informar con estricta neutralidad. La crónica de estos hechos debe ser examinada con rigor para determinar si la entidad actuó bajo el principio de objetividad y responsabilidad ciudadana.