¿Qué está pasando con las mujeres lideresas en Colombia?
En Colombia, las mujeres lideresas están siendo asesinadas en medio de la violencia contra líderes sociales.
Aunque representan una minoría en las cifras, su impacto en las comunidades es clave. Su muerte, además de ser un crimen, representa la pérdida de procesos sociales completos.
¿Por qué es grave el asesinato de mujeres lideresas?
Las mujeres lideresas cumplen roles centrales en sus comunidades.
Muchas trabajan en defensa del territorio, derechos humanos y procesos de paz.
Cuando son asesinadas:
- Se rompen procesos comunitarios
- Se afecta la organización social
- Aumenta el miedo en zonas rurales
Violencia contra líderes sociales en Colombia
Un reciente informe de la ONU Derechos Humanos de Colombia revela una realidad desgarradora: la violencia contra los defensores ha dejado de ser una coyuntura para convertirse en un “fenómeno extendido”.
El 73% de los homicidios son responsabilidad de grupos armados no estatales que buscan control territorial y social sobre economías ilícitas.
Aunque el actual Gobierno usó la protección de los líderes sociales como un pilar fundamental para llegar al poder, el Estado en su conjunto no ha logrado revertir los patrones de muerte en regiones críticas como el Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
¿Cómo nos afecta como ciudadanos y por qué debe interesarnos?
Cuando una lideresa o un defensor es asesinado, no solo pierde la vida una persona; muere un proceso comunitario. Esto nos afecta a todos porque:
- Debilitamiento de la democracia: sin defensores, no hay quien denuncie abusos de poder o daños ambientales.
- Fragmentación social: el asesinato de 49 mujeres líderes destruye el tejido social en comunidades rurales, donde ellas suelen ser el motor de cambio y reconciliación.
- Desplazamiento y miedo: las más de 2018 amenazas registradas fuerzan a familias enteras al abandono de sus territorios, aumentando los cinturones de miseria en las ciudades.
Radiografía de la violencia: cifras de un silencio cómplice
El informe de Naciones Unidas detalla que la violencia contra defensores de los derechos humanos tiene un fuerte componente étnico y territorial:
¿Desde cuándo está sucediendo este pico de violencia?
La violencia contra líderes sociales en Colombia tiene raíces históricas, pero el Acuerdo de Paz de 2016 marcó un punto de inflexión. Desde entonces, se han registrado 927 homicidios de defensores de derechos humanos.
El pico más alto se alcanzó en 2022, con 117 casos verificados, y aunque en los años siguientes las cifras rondan los 100 casos anuales, la impunidad y la falta de respuesta del Estado persisten.
Aunque las 49 mujeres lideresas asesinadas no forman parte de este pico estadístico, su muerte refleja un patrón de violencia particular, que afecta directamente la cohesión y liderazgo comunitario en muchas regiones del país.
La ONU advierte que las respuestas estatales siguen siendo “fragmentadas y desarticuladas”. Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo muchas veces no se aplican en los municipios, el eslabón más frágil, dejando que los asesinatos de líderes sociales —hombres y mujeres— sigan afectando a la sociedad y sus comunidades.
La campaña al olvido
Resulta paradójico que un proyecto político que se cimentó denunciando la muerte de líderes en gobiernos anteriores, hoy presente un balance de cientos de víctimas bajo su propio mandato.
El silencio ante el asesinato de las 49 mujeres defensoras no es solo una omisión comunicativa; es una falla estructural en la garantía del derecho a la vida. La protección de los defensores de los DDHH en Colombia no puede ser un eslogan de campaña, sino una realidad operativa que hoy, lamentablemente, brilla por su ausencia.
El cambio es con ellas, porque las mujeres lideresas no solo representan comunidades enteras, sino que su participación está respaldada por la normativa nacional que promueve la igualdad de género en política y en espacios decisorios.
La Ley 581 de 2000, conocida como Ley de Cuotas, establece que al menos el 30% de los cargos y órganos del poder público deben ser ocupados por mujeres, una acción afirmativa para corregir décadas de exclusión histórica.
La Ley 1475 de 2011 obliga a que las listas de candidatos a cargos de elección popular incluyan al menos 30 % de mujeres en corporaciones de cinco o más curules.
Estas normas reflejan que la participación de las mujeres en la vida pública no es opcional, sino un mandato constitucional para acercarse a la igualdad real y efectiva que la democracia colombiana requiere.
Sin embargo, estas leyes aún enfrentan obstáculos de implementación y resistencia estructural. Por ello, la defensa de las mujeres lideresas —su vida, su voz y su derecho a participar— debe ser parte del cambio verdaderamente transformador que Colombia necesita.
20260319 Informe Defensoras Colombia Acnudh Es by LSV En Vivo
