El sacrificio económico de los pacientes: pagar por lo que ya es un derecho

El efecto más devastador de la crisis de medicamentos recae directamente en el bolsillo y la salud de los ciudadanos. Millones de personas en el país están destinando entre el 7 % y el 90 % de sus ingresos a adquirir fármacos que, por derecho constitucional, deberían ser provistos por el sistema de salud público.

El informe de la Defensoría del Pueblo revela que esta situación obliga a los pacientes a reducir dosis, compartir medicamentos, o suspender tratamientos vitales, con graves consecuencias para enfermedades crónicas como diabetes, cardiovasculares y epilepsia.

Este gasto inesperado se intensifica en regiones periféricas como Vichada, donde el costo de los medicamentos inaccesibles puede superar el ingreso promedio.

El bloqueo informativo y la incertidumbre

La denuncia de la Defensoría del Pueblo, que concentra la información más completa sobre esta emergencia sanitaria —con 685.000 quejas por desabastecimiento en 2025—, se enfrenta a un bloqueo en su propia difusión.

Al intentar acceder al documento completo, aparece un mensaje: “El recurso solicitado no ha sido encontrado.”

Aunque pueda parecer un fallo técnico, su efecto es profundo. No todas las personas del país siguen a la Defensoría a través de redes sociales.

La falta de acceso a datos oficiales en gran parte de las plataformas, buscadores y redes sociales de una entidad garante socava la confianza pública, obstaculiza la discusión y debilita las posibles soluciones que el Gobierno debería implementar.

Todo esto ocurre mientras el Congreso vuelve a tramitar la reforma a la salud, un debate que se repite sin resolver el fondo del problema.

Las deudas del sistema de salud agravan la crisis

El aumento sostenido en la escasez de medicamentos esenciales no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de las deudas acumuladas.

Las EPS adeudan más de 74.000 millones de pesos a los gestores farmacéuticos, mientras la Unidad de Pago por Capitación resulta insuficiente para cubrir los costos reales de atención.

El peso de un sistema que ya no resiste

El Gobierno cuestiona las cifras, pero los hechos son evidentes: las tutelas se multiplican y las quejas se triplican. El sistema de salud público está bajo una presión insostenible.

La falta de medicamentos en el canal institucional ha incrementado las ventas en el canal comercial, obligando a los ciudadanos a pagar por aquello que ya está garantizado por ley.

Hasta el momento no son claras las medidas que tomará el Gobierno de Gustavo Petro, pero es inevitable preguntarse si es correcto ahogar el sistema a costa de jugar con la salud de los colombianos.