Recursos públicos y violencia digital como base de candidaturas políticas
El principal riesgo que expone la investigación es la filtración de la propaganda en redes sociales en el núcleo del poder legislativo.
La elección de influenciadores del Pacto Histórico como Wally y Lalis en la consulta interna indica que el Gobierno Petro empleó recursos del Estado para amplificar su narrativa política, lo que derivó en la construcción de plataformas electorales de carácter personal.
Contratos estatales como soporte de la narrativa política financiada
El análisis riguroso de los datos indica que el éxito electoral de estos influenciadores del Pacto Histórico se apoya en la existencia de contratos estatales que facilitaron su posicionamiento digital:
• Wally (Walter Rodríguez Chaparro): participó y difundió ataques de violencia digital como #LaCloacaEsLaFM. Obtuvo 137.821 votos en la consulta interna, consolidando su poder en el activismo digital para asegurar un puesto privilegiado en las listas cerradas al Senado.
• Lalis (Laura Daniela Beltrán): firmó contratos por más de $103 millones con diversas entidades, aunque recibió menos por renunciar antes. Su campaña de hostigamiento a medios, evidente en el uso sistemático de #CaracolMiente, la llevó a obtener 26.718 votos para la Cámara.
El uso de dinero público para financiar estas dinámicas convirtió la polarización y la agresión digital en la fase inicial del acceso a una curul, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la legitimidad de estas aspiraciones y sobre la transparencia del proceso electoral en Colombia.
La agresión digital como táctica del Gobierno Petro y el silenciamiento de la prensa
La operación de las bodegas no es simple activismo digital, es guerra. Figuras con contratos con el gobierno Petro fueron los motores de campañas estructuradas de violencia digital dirigidas a deslegitimar y silenciar a la prensa independiente, en clara contradicción con el discurso del mandatario.
Del discurso contra la censura a la financiación del ataque digital
Resulta paradójico que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien denunció censura durante el Gobierno de Iván Duque, permita que su administración financie operadores digitales que celebran la salida de periodistas críticos.
La violencia digital promovida por estos influenciadores del Pacto Histórico no se limita a etiquetas virales. Incluye montajes grotescos y expresiones de violencia simbólica, incluida la de género, utilizadas como mecanismos de intimidación, tal como se evidenció en los ataques contra Caracol Televisión. En este contexto, lo que está en juego es el ejercicio efectivo de la libertad de expresión en el país.
Un modelo de poder político sustentado en la confrontación digital
El ascenso político de Wally y Lalis desde la propaganda en redes sociales evidencia una distorsión en el uso de los recursos públicos durante el Gobierno Petro. El financiamiento estatal de operadores digitales que luego acceden al Congreso revela un esquema que convierte la confrontación y el hostigamiento en capital político.
Este modelo configura una forma de censura indirecta, en la que intermediarios afines al poder son utilizados para neutralizar la crítica y condicionar el debate público. Sus efectos trascienden los casos individuales y representan un riesgo estructural para la calidad democrática y el pluralismo en Colombia.
