Un contrato “sí a todo” del Gobierno Petro bajo alerta por falta de control

En la entrega anterior de este especial, se evidenció que parte de los recursos para la paz no se estaban ejecutando o no tenían una trazabilidad clara. Sin embargo, ese no es el único problema.

La auditoría revisada por PetroLeaks muestra otro escenario: recursos que sí se gastaron, pero bajo condiciones que generan alertas.

Uno de los casos más llamativos es el convenio FP-590, que alcanzó los $19.200 millones tras varias adiciones. El contrato fue ejecutado por la empresa Pubblica Grupo Integral de Comunicaciones. Sin embargo, esta firma no cuenta con una página web funcional ni con presencia digital verificable, ya que su sitio aparece en construcción.

Así, el dinero destinado a la paz circula sin controles efectivos, mientras la legalidad se mantiene en el papel, pero no siempre en la ejecución. El riesgo no es solo fiscal. También es político, institucional y ético. Cuando los recursos públicos pierden trazabilidad, no solo se compromete el dinero, sino también la confianza de los ciudadanos.

En este contexto, el convenio, suscrito entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz) y la firma privada Publica S.A.S., no fue simplemente mal ejecutado. La auditoría interna revela algo más grave: un modelo diseñado para que el dinero de la paz se gastara sin reglas claras, aunque conservando la fachada legal.

El contrato es formalmente válido. El problema no está en la firma, sino en la forma como se ejecutó. En la práctica, el acuerdo dejó en manos del contratista decisiones esenciales sobre qué se contrataba, a quién, en qué condiciones y a qué precio. El Estado no dirigió la ejecución: la convalidó. Es decir, simplemente dijo sí a todo.

Este hallazgo hace parte de la tercera entrega de este especial, que analiza cómo parte de los recursos destinados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para la construcción de paz pudieron haber sido utilizados en condiciones que abren la puerta a riesgos de corrupción.

Convenio FP-590 del Fondo Paz creció sin justificación técnica

Una vez identificado el convenio, la auditoría también pone el foco en su evolución financiera.

Desde el inicio, el convenio FP-590 mostró señales de alerta. Aunque fue suscrito por $9.700 millones, su valor casi se duplicó hasta alcanzar los $19.200 millones mediante adiciones sucesivas, aprobadas sin debate público ni justificaciones técnicas sólidas.

En términos simples, se trata de un mecanismo conocido en la contratación estatal: el contrato arranca con una cifra manejable y, con el paso del tiempo, se amplía cuando los controles son menores.

Ahora bien, aunque este tipo de prácticas puede ser legal y se utiliza con frecuencia para vincular contratistas a las entidades públicas, también se usa para posibles actos de corrupción, especialmente en obras en las regiones.

Recursos destinados a la logística de paz

Para entender el alcance del contrato, es clave ver para qué estaba destinado el dinero.

El contrato interadministrativo FP-590 de 2024, suscrito el 5 de julio de 2024 entre el Fondo Paz y la entidad pública correspondiente, tenía como destino la contratación de servicios para la organización y operación logística de eventos y actividades orientadas a garantizar la ejecución de acciones vinculadas al logro y mantenimiento de la paz en el territorio nacional.

Es decir, los recursos no estaban dirigidos a una obra o infraestructura específica, sino a la gestión de encuentros, eventos y despliegues logísticos asociados a la política de paz, pese a que la empresa involucrada —Pubblica Grupo Integral de Comunicaciones— no cuenta con una página web funcional ni presencia digital activa verificable, más allá de un sitio en construcción, lo que plantea dudas sobre su capacidad operativa y trazabilidad.

La ejecución sin control de precios ni competencia

Después del aumento en el valor del convenio, el problema más grave aparece en la ejecución de los recursos.

Según la auditoría, el tarifario contractual —es decir, la lista de precios que debía regir el gasto— fue ignorado de forma sistemática. En la práctica, dos de cada tres pesos auditados se pagaron por servicios que no estaban contemplados en el contrato original.

En otras palabras, los precios no se definieron con base en lo acordado inicialmente ni en condiciones de mercado, sino mediante decisiones posteriores, tomadas sin competencia y sin transparencia.

Además, las cotizaciones que respaldaron estos pagos no provinieron de terceros ni de estudios independientes. Por el contrario, fueron presentadas por el propio contratista.

Esto significa que no hubo comparación de precios, ni verificación externa, ni análisis técnico. Así, quien ejecutaba el contrato también terminaba definiendo cuánto costaban los servicios, mientras la entidad estatal aceptaba esos valores sin cuestionarlos.

Empresa nueva recibió más de $1.300 millones

En ese contexto aparece LOGIC 360, una empresa creada en 2024, sin trayectoria conocida, sin experiencia demostrable en logística de gran escala y sin músculo financiero visible. A pesar de ello, recibió pagos por más de $1.306 millones. (revisar paginas de la 32 a 36 del informe de auditoría)

Su presencia recurrente en la ejecución del convenio no está respaldada por criterios técnicos claros. Más que un proveedor, opera como una bisagra funcional dentro del esquema, un intermediario sin controles efectivos.

Sobrecostos en contratos del Fondo Paz y fallas de control

A los problemas de ejecución se suma otro elemento clave: la debilidad en los soportes que deberían demostrar en qué se gastó el dinero.

En servicios como transporte, alimentación, alquiler de equipos y apoyo logístico, los documentos presentados son genéricos, incompletos o insuficientes para comprobar que lo contratado realmente se ejecutó. En la práctica, esto significa que no hay forma clara de verificar los gastos.

Sin esa trazabilidad documental, el control se vuelve limitado y cada pago representa un posible riesgo fiscal.

Pagos por fuera del contrato y precios inflados

Las cifras confirman la gravedad del modelo. De los $13.696 millones auditados, más de $9.100 millones se ejecutaron por fuera del tarifario contractual. La auditoría encontró además variaciones de precios de hasta 497 % en servicios similares.

Aunque no todos los casos prueban un sobrecosto directo, en un entorno sin competencia ni verificación independiente, estas diferencias generan dudas razonables sobre el uso de los recursos.

El riesgo fiscal estimado alcanza los $10.400 millones a partir del análisis de todos los contratos de la auditoria, sumando el riesgo directamente documentado y el riesgo estructural derivado del gasto no competitivo. No se trata aún de un detrimento probado, pero sí de una exposición fiscal masiva, incompatible con cualquier estándar mínimo de administración de recursos públicos.

El informe de auditoría interna de la Presidencia revela un patrón sistemático de sobrecostos en la contratación logística del Fondo Paz al comparar ítems equivalentes con los contratados por el DAPRE.

En productos básicos como refrigerios, los precios pasan de $11.242 en el DAPRE a $25.333 en el Fondo Paz, más del doble; en bebidas, una Coca-Cola cero de 300 ml cuesta $3.487 frente a $6.434.

Las diferencias se agravan en servicios técnicos: el sonido para eventos masivos se cotiza en $8,4 millones en el Fondo Paz, mientras que en el DAPRE cuesta $2,27 millones, es decir, más de tres veces menos.

Situaciones similares se repiten en el alquiler de carpas —de $210.319 a $849.111 en las de 2×2 metros y de $2,1 millones a $10,6 millones en las tipo hangar— e incluso en insumos menores como manteles. En conjunto, la auditoría documenta variaciones que oscilan entre el 142,88% y el 497,96 %, evidenciando un posible esquema de sobrecostos en la ejecución de estos contratos. Pagina 25 Fuente: PetroLeaks

En 2023, el convenio FP-564, también entre Fondo Paz y Pubblica, ejecutó más de $14.500 millones bajo una lógica similar. Dos contratos, más de $33.700 millones, el mismo modelo de opacidad. La relación contractual no es circunstancial, es estructural.

Lo ocurrido con el FP-590 no puede explicarse como un error técnico ni como una suma de omisiones administrativas. Lo que muestran los documentos es un diseño: contratos que se amplían sin control, precios que se fijan sin mercado, proveedores sin respaldo técnico y una supervisión reducida a un trámite formal.

Qué revela este caso sobre el uso de recursos de la paz

En conjunto, lo que muestra este caso es un sistema donde el contratista toma decisiones clave y el Estado termina validándolas, en la práctica, como si se tratara de un cheque en blanco.

Además, en un contexto como el de la Paz Total, esto tiene un impacto mayor: debilita el propósito mismo de las políticas diseñadas para transformar los territorios.

Por eso, lo ocurrido no se limita a un contrato logístico. Más bien, evidencia un mecanismo que permitió ejecutar recursos sin competencia real y con controles limitados.

Preguntas frecuentes sobre contratación y ejecución de recursos públicos

¿Qué es un contrato interadministrativo?

Es un acuerdo entre entidades públicas que permite ejecutar recursos sin licitación tradicional, lo que agiliza procesos, pero también puede reducir niveles de competencia.

¿Qué es un tarifario en contratación pública?

Es la estructura de precios definida en un contrato para regular cuánto se debe pagar por bienes o servicios. Su incumplimiento puede generar riesgos de sobrecostos.

¿Por qué la falta de competencia es un riesgo?

Porque limita la comparación de precios y reduce la transparencia, lo que puede facilitar ineficiencias o sobrecostos en el uso de recursos públicos.