¿Qué está pasando con la importación de gas en el Colombia?
Colombia importa una cantidad menor de gas. Por ejemplo, en 2025 importó el 17 % de lo que consumió, pero se proyecta que comience a importar más (alrededor de 25 %) debido a que las reservas están muy cortas.
El borrador del jugoso contrato para Cano Caicedo SAS
Mientras el país debate su futuro político y energético, documentos filtrados y registros empresariales revelan una posible trama de contratos y negociaciones. Estos vínculos conectarían de forma directa al círculo de poder del presidente Gustavo Petro con el régimen de Nicolás Maduro, hoy capturado y rindiendo cuentas ante la justicia de Estados Unidos.
La importación de gas desde Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte, infraestructura olvidada durante años y ahora resucitada en medio de una “crisis energética local”.
La crisis energética que abrió la puerta a un plan
Una reciente alerta de la Contraloría General de la República advierte que Colombia está al borde de una crisis energética estructural de gas y petróleo.
Según el informe de reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el país repone solo una fracción mínima del gas y del petróleo que consume. Por cada 100 barriles de petróleo extraídos, se descubre apenas uno nuevo. En gas, por cada 10 moléculas extraídas, solo se incorpora una.
Reservas en caída y riesgo para la autosuficiencia energética
Las reservas probadas de gas natural cayeron un 13 %. Esta caída redujo el horizonte de autosuficiencia a menos de seis años, hoy estimado en cinco.
El deterioro avanza de forma constante. Se agrava por la falta de nuevos descubrimientos y por la dependencia de reevaluaciones en campos ya conocidos.
Esta situación pone en duda la viabilidad de la política energética actual. Si no se toman medidas urgentes, Colombia podría enfrentar pronto un déficit crítico de gas. Esto obligaría a importaciones permanentes y debilitaría aún más la soberanía energética del país.
El contexto que habría facilitado un plan desde el alto gobierno
Este es el contexto que iba a facilitar la ejecución de un plan, aparentemente promovido desde altos niveles del Gobierno Colombiano, en particular por el Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, exgerente de campaña de Petro, y su pareja, Julián Caicedo Cano, quien lidera la empresa Cano Caicedo SAS.
Este fue el contexto que habría facilitado la ejecución de un plan. El plan habría sido promovido desde altos niveles del Gobierno colombiano. En particular, se señala al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, exgerente de campaña de Gustavo Petro, y a su pareja, Julián Caicedo Cano. Quien lidera la empresa Cano Caicedo SAS.
Se trata de una empresa registrada originalmente en el Huila. Desde hace años, estaría vinculada de forma aparente con PDVSA, la empresa estatal venezolana de petróleo y gas, controlada por el actual régimen venezolano.
Desde al menos 2020, Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, habría actuado como contratista regular de PDVSA. Uno de los primeros borradores de contrato, identificado como procedimiento A-044-20-0004, autorizaba a la empresa a realizar labores de fiscalización de crudo y gas.
Estas tareas incluían análisis técnicos de muestras, como gravedad API, contenido de azufre y porcentaje de agua y sedimentos. También contemplaban el transporte de las muestras a laboratorios especializados.
Las operaciones se realizarían desde su sede en Maracaibo. Todo el proceso estaría bajo la supervisión del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos.
Lo que se preparaba desde 2024
El verdadero salto ocurrió en 2024. Ese año, Ana Quijada, funcionaria de la División Oriente de PDVSA, aprobó un nuevo borrador de contrato. El documento corresponde al procedimiento A-163-24-02690986 y estaba relacionado con el manejo del gas.
El acuerdo incluía el desalojo de líquidos en la estación Slug Catcher San Joaquín, ubicada en Anaco. Este punto es la salida del gas hacia Colombia. La firma del contrato fue confirmada por correo electrónico a Julián Caicedo Cano el 17 de septiembre de 2024. El mensaje se envió desde su cuenta corporativa de Ecopetrol.
¿Qué es una planta Slug Catcher?
Un slug catcher es un filtro grande que se instala al inicio de los gasoductos. Su función es atrapar y separar los líquidos, como agua o petróleo, que vienen mezclados con el gas natural cuando sale del subsuelo.
Sin este sistema, esos líquidos pueden dañar los equipos o afectar el funcionamiento del gasoducto. Por eso, es una estructura clave para prevenir fallas y asegurar que el gas llegue limpio y de forma estable a su destino.
La estrategia del desabastecimiento: el rol oculto de Canacol
En Colombia, la crisis energética del Caribe se agravó por varios factores. Uno de ellos fueron los informes falsos de reservas presentados por la empresa canadiense Canacol Energy. A esto se sumaron los retrasos en las consultas indígenas necesarias para construir un nuevo gasoducto interno. Este escenario abrió la puerta a la importación masiva de gas venezolano a partir de 2026.
La estrategia fue impulsada directamente desde la presidencia de Ecopetrol. En ese momento, la entidad estaba bajo el mando de Ricardo Roa. La iniciativa contó en varias ocasiones con el respaldo de la junta directiva.
Actualmente, Canacol enfrenta un proceso judicial. La empresa es señalada por una presunta estafa a más de 60 contratistas, debido a la falta de pagos a proveedores. Además, siguen pendientes 116 consultas previas en la región Caribe. Estas consultas son necesarias para la construcción de un gasoducto desde el mar hasta Colombia.
La empresa fantasma y su posible uso en operaciones binacionales
La relación entre Roa y Cano Caicedo no es solo personal. En los documentos filtrados del borrador aparece la preparación para matricular una empresa colombiana en Venezuela.
La empresa utilizada sería Caicedo Cano Ingeniería Col SAS. Según el Registro Único Empresarial (RUES), su matrícula continúa vigente. La compañía fue representada por Laura Daniela Caicedo Burgos y Edgar Eliecer Caicedo Cano, ambos familiares de Julián.
Posteriormente, la empresa pasaría a llamarse Cano Caicedo SAS, una vez quedara registrada en Caracas.
En el borrador aparece que fueron enviados documentos de inscripción en la Cámara de Comercio de Caracas en 2021. Según los documentos, se habrían intentado realizar cambios internos para que figure Caicedo Cano como accionista principal y Roa como suplente en la junta directiva.
Estructura accionaria y vínculos con el Estado venezolano
Como accionistas figuran Tatiana Vargas Gómez y Héctor Obregón, presidente de PDVSA.
Como representante estatal aparece Carlos Eduardo Canelón Morán. Fue designado viceministro de Refinación y Petroquímica de Venezuela en septiembre de 2024.
En los registros del RUES de Caicedo Cano Ingeniería Col SAS, figura inicialmente matriculada en 2018 en Neiva, Huila, y su último año de renovación fue en 2019. La empresa fue registrada con $5’000.000 millones de pesos, es decir, $1200 dólares aproximadamente, para prestar servicios de construcción de obras de ingeniería civil, servicio público, edificios y transporte.
Posteriormente, la Cámara de Comercio notificó que la empresa había entrado en proceso de liquidación y que los documentos serían migrados. Sin embargo, no se especificó a qué jurisdicción fueron trasladados ni bajo qué nueva razón social opera.
Matrícula activa pese al proceso de liquidación
Lo que resulta aún más preocupante es que, pese a estar en liquidación, su matrícula mercantil continúa activa, lo que le permite suscribir contratos con el Estado y operar como si estuviera en plena vigencia. Una irregularidad administrativa que parece diseñada para facilitar su uso como vehículo empresarial en operaciones internacionales.
Las perlas de la pareja Roa-Caicedo
Ricardo Roa y Julián Caicedo son dos personajes bastante cuestionados. En estos cuatro años, la pareja ha cargado con investigaciones e indagaciones ante los entes de control.
Para empezar, Caicedo Cano fue llamado a juicio por la Procuraduría por supuestas irregularidades en la contratación pública. El ente de control, basándose en un informe de La Silla Vacía, señaló a Caicedo Cano de haber sido funcionario público y contratista al mismo tiempo, cosa que es ilegal. El proceso prescribe en 2027.
Caicedo también aparece en la polémica compra de un apartamento con su pareja, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa a través de una empresa creada 34 días antes con un capital de 10 millones de pesos.
El apartamento fue comprado por Ricardo Roa a Princeton International, empresa ubicada en un paraíso fiscal. Como socios aparecen Caicedo Cano y el coronel Juan Guillermo Mancera, quien se iba a quedar con contratos de Ecopetrol durante la Presidencia de Roa.
Una empresa controlada por Mancera, pagó 1.400 millones por el apartamento y alguien consignó 300 millones en efectivo dos días después de la posesión de Roa en Ecopetrol.
Caicedo Cano no solo habría tenido vínculos con el Gobierno venezolano.
En la junta directiva de Cano Caicedo SAS aparecen figuras como Julio García Zerpa. Fue ministro de Servicios Penitenciarios en Venezuela durante el régimen de Nicolás Maduro. García Zerpa ha sido señalado por su cercanía al PSUV y al grupo criminal Tren de Aragua.
También figura Tatiana Vargas Gómez, hija de un importante financiador de Colombia Humana, junto con Ricardo Roa.
Estas relaciones políticas, empresariales y familiares muestran una estructura que, de forma aparente, buscó operar sin controles claros y facilitar el manejo de contratos, licencias y recursos.
Por qué usaron una empresa privada para evitar sanciones de Estados Unidos
Fuentes oficiales que trabajaron en el Ministerio de Minas y Energía en gobiernos anteriores explicaron que la importación de gas desde Venezuela no podía hacerse de forma directa entre ambos Estados.
Según estas fuentes, “la estrategia de importar gas desde Venezuela hacia Colombia durante la dictadura de Maduro no podía hacerse directamente entre ambos gobiernos porque PDVSA, la petrolera estatal venezolana, está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos”.
Esto significa que cualquier trato directo entre PDVSA y entidades oficiales colombianas podía violar normas internacionales y exponer a Colombia a sanciones económicas.
Para evitar ese riesgo, la operación debía canalizarse a través de una empresa privada colombiana con sede en Venezuela, que actuara como intermediaria.
De esta forma, el Gobierno colombiano quedaba formalmente al margen del trato directo con una entidad sancionada. La operación se presentaba como un negocio privado entre compañías, y no como un acuerdo entre Estados.
Trump captura a Maduro y cambia las reglas de juego
El 3 de enero de 2026, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos capturaron en Caracas a Nicolás Maduro por delitos relacionados con el narcotráfico para ser llevado a Nueva York, donde deberá responder ante la justicia. Esto cambió las reglas de juego.
Tras la captura, la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez tomó juramento como presidenta encargada. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tomarán el control sobre Venezuela y su petróleo.
Luego de recuperar la infraestructura petrolera que, dicen los norteamericanos, les pertenece, exportarán entre 30 y 50 millones de barriles de crudo. Para hacerlo, Trump tendrá que levantar las sanciones contra PDVSA, dueña del petróleo que extrae, refina y exporta el petróleo venezolano.
Es decir, se abre el camino para que Colombia legalmente sí pueda importar gas desde Venezuela, pero difícilmente lo logrará bajo un eventual dominio norteamericano absoluto sobre ese país.
Árbol de influencia institucional de Ricardo Roa, Julián Caicedo y Jorge Carrillo
La primera advertencia de la “falsa crisis del gas” en Colombia
Durante la primera semana de la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, realizada en Cartagena en 2024, el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia Sepúlveda, lanzó una poderosa advertencia que podría sacudir los cimientos del mercado: “¡hay quienes están acaparando contratos de gas!”. Esta peligrosa maniobra no solo pone en jaque a la competencia, sino que amenaza la disponibilidad de este recurso vital para sectores esenciales.
¿Estamos ante una crisis energética inminente en Colombia?
Un informe de Control Risks advirtió a Ecopetrol sobre el riesgo que representaba la pareja de Roa para el presidente de la empresa, dado que, como reveló La Silla Vacía, había tenido contratos simultáneos con varias entidades estatales en Colombia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue consultada varias veces por Colombia para autorizar negocios con PDVSA antes de la captura de Maduro. Nunca hubo respuesta afirmativa.
Como dato importante, Tatiana Vargas Gómez es, además, hija de Santiago Vargas Ramos, financiador de la campaña Petro Presidente y socia de Ricardo Roa y su pareja Julián Cano Caicedo en la empresa WindSun Energy matriculada en la Florida. Sin embargo, Vargas Ramos negó públicamente estos vínculos.
La falta de contratos y el déficit de gas en Colombia
En el cronograma de comercialización de gas natural para 2024, las negociaciones directas de largo plazo comenzaron el 29 de agosto. Los contratos derivados de este proceso debían registrarse ante el Gestor del Mercado antes del 18 de octubre.
Sin embargo, el Gestor del Mercado informó que, durante el periodo fijado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), no se registraron contratos de largo plazo para los principales campos de gas. Este plazo está definido en el artículo 22 de la resolución 186 de 2020.
Investigaciones por reportes de gas
El Ministerio de Minas y Energía abrió una investigación contra Canacol Energy y otras compañías por presuntas irregularidades en la declaración de gas al mercado. Según reportó La República, la empresa canadiense habría informado un valor superior en sus reportes iniciales en comparación con lo consignado en los contratos definitivos.
Javier Campillo, Exviceministro de Minas y Energía de Colombia, declaró a Valora Analitik que estaban revisando a Canacol Energy y otras empresas, enfatizando que en Colombia los productores de gas son responsables de reportar sus capacidades ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Según el exviceministro, las necesidades de contratos de suministro en firme se estimaron en 120 Gbtud para 2025 y en 350 Gbtud para 2026. Estas cifras representan un déficit del 12 % y del 30 %, respectivamente, frente a la demanda proyectada para esos años.
Campillo también señaló que Canacol Energy reportó un volumen de entrega mayor en su declaración de producción. Sin embargo, ese volumen fue inferior en los contratos finales. Esto generó un desbalance en el sistema, al contar con gas que finalmente no se suministró.
La caída en la producción proyectada
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, afirmó que la demanda nacional de gas generó altas expectativas en 2023. En ese año, Canacol proyectó una capacidad de producción de 231 Gbtud para 2025 y 2026.
Sin embargo, en 2024, la empresa ajustó su proyección a 158 Gbtud. Esto implica una reducción de 73 Gbtud. Roa señaló que recuperar estos volúmenes de producción es clave para equilibrar las necesidades de gas del país.
Investigación a Canacol por contratos y pagos pendientes
El Ministerio de Minas y Energía inició una investigación contra Canacol Energy y otras empresas del sector. La indagación se debe a la presunta presentación de reportes inexactos al mercado. Según las autoridades, estas compañías habrían declarado más gas del que realmente tenían disponible en sus pozos. Esta situación afecta la planificación de las reservas.
Javier Campillo, exviceministro de Minas y Energía, explicó a Valora Analitik que los reportes fueron revisados por las autoridades. Señaló que las empresas son responsables de declarar sus reservas ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Esta información es clave para conocer el nivel real de las reservas de gas.
Campillo también indicó que Canacol Energy reportó inicialmente un volumen mayor al que luego se formalizó en contratos. Esto habría afectado el sistema y los cálculos del Gobierno colombiano.
Contratos, inversiones y conflictos con proveedores
Por su parte, la empresa informó que este año revisó su programa de capital. Anunció una inversión de 138 millones de dólares para la perforación de 11 pozos, de los cuales cinco son de exploración y seis de desarrollo y evaluación.
De forma paralela, Caracol Radio informó que la Fiscalía abrió una investigación contra directivos de Canacol Energy y de Petropolar Sucursal Colombia. El caso es por una presunta estafa que habría afectado a cerca de 60 empresas colombianas. El valor estimado de la operación asciende a 60 mil millones de pesos.
La indagación, liderada por la Unidad de Fe Pública y Orden Económico, apunta a las actividades de Andrés Valenzuela Pachón, representante legal de Canacol Energy, y Paola Osma Pinzón, administradora del contrato, así como de los representantes legales de Petropolar, Dimtrii Korchagin y Anton Yakovlev.
El contrato entre Canacol y Petropolar
En 2022, Canacol Energy firmó un contrato con Petropolar para la exploración y operación de 12 pozos de gas en Sucre, Córdoba y Magdalena. El valor pactado fue de 57,5 millones de dólares. Sin embargo, se alega que Petropolar subcontrató a cerca de 60 empresas colombianas y luego incumplió los pagos a estos proveedores.
La abogada Constanza González denunció esta situación ante la Fiscalía. Señaló que Petropolar habría sido utilizada como una “empresa fantasma”. Según la denuncia, la compañía dejó deudas a las empresas subcontratadas y a sus empleados. Esto habría afectado incluso sus obligaciones fiscales con la DIAN.
Entre las pruebas documentadas figuran las actas de finalización de operaciones. Estas incluyen actividades en pozos como Dividivi-1, en Magdalena, finalizado el 8 de enero de 2023, y Saxofón-1, en Córdoba, concluido el 28 de enero de 2023. En ambos casos constan labores de perforación, completamiento y producción. Además, el pozo Clarinete-8, en Sucre, finalizó operaciones el 30 de junio de 2023.
Todas las actas fueron firmadas por Canacol Energy y Petropolar. No obstante, incluyen quejas por incumplimientos en los pagos a contratistas y empleados. Esta situación agravó la condición financiera de las empresas colombianas afectadas.
La investigación penal y la falta de transparencia
Pese a la magnitud del negocio energético entre Colombia y Venezuela, y a la red de contratistas involucrados -entre ellos empresas como Cano Caicedo SAS, con vínculos con PDVSA, Ecopetrol y compañías del sector de hidrocarburos-, el proceso de contratación y negociación se mantiene fuera del escrutinio público.
No aparece publicado en el SECOP o página web de acceso público datos.gov.co o datos abiertos. Esto vulnera derechos fundamentales como el derecho a la información, la libertad de expresión y el ejercicio de libre periodismo.
Mientras tanto, la empresa adelanta un proceso de reorganización desde el exterior. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades decretó medidas para proteger los activos de Canacol.
Los poderosos seguirán teniendo control sobre la soberanía energética de Colombia
Mientras se resuelve la situación del gas para Colombia, este episodio muestra que, una vez más, el negocio del gas pudo quedar en manos de quienes cuentan con conexiones políticas importantes. Pudo haber un cambio, sí, pero del dueño del negocio del gas.
Preguntas frecuentes sobre el Pacto y la importación de gas
¿Cuál es la relación entre Petro y Maduro?
Desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro, las relaciones con el régimen de Maduro se estrecharon. Se reunieron cuatro veces en encuentros bilaterales con el propósito de cooperar económica y socialmente, pero también para que Venezuela fuera país garante en las negociaciones con el ELN.
¿Colombia seguirá siendo soberano energéticamente?
Sí, pero solamente alcanza para 5,9 años de reservas de gas y 7,2 años para petróleo. Lo sano es que las reservas de los países estén por encima de los 8 años.
¿Nos vamos a quedar sin gas en Colombia?
Depende. Si el país encuentra más yacimientos de gas antes de los próximos años, no tendrá la necesidad de buscar otras alternativas de energía.
