¿Qué hacen desde las bodegas?
Bodegas digitales son estructuras coordinadas de perfiles en redes sociales —reales o falsos— diseñadas para imponer una narrativa específica en el espacio público digital. En el contexto de la violencia digital, su objetivo es crear una falsa percepción de consenso o verdad utilizando datos parciales, testimonios manipulados, imágenes fuera de contexto o elementos emocionales, que imitan discursos auténticos. El efecto buscado es desinformar, hostigar o silenciar voces críticas, generando confusión y moldeando la opinión colectiva mediante una estrategia calculada que apela a la confianza, el miedo o la identidad de las audiencias.
Crean hashtags que pretenden mostrar el apoyo al Gobierno Petro, tales como #FuerzaPetro, #ElCambioEsImparable, #GobiernoDelCambio, #TodosConPetro o #LaPensionalSeDefiende no surgen espontáneamente desde la ciudadanía.
Detrás de su viralización hay campañas digitales o bodegas que responden a momentos clave del gobierno de Colombia, como crisis políticas, debates legislativos o ataques a medios.
Estas etiquetas funcionan como escudos narrativos: mientras el país debate sobre corrupción, bombardeos, desplazamientos forzados, reclutamiento infantil o reformas fallidas, las redes se inundan con videos editados, imágenes de giras presidenciales y discursos que exaltan al líder del Pacto Histórico.
Se trata de propaganda moderna para cambiar la percepción de la ciudadanía sobre lo que verdaderamente ocurre en el país.
¿Cómo se coordina la operación digital detrás de las tendencias?
Al analizar la operación detrás de estas tendencias, se rastrearon los principales ataques digitales liderados por influencers con contratos públicos vigentes. Figuras con presencia en TikTok, X o YouTube —algunos con contenido político, otros con contenido que incita al abuso sexual o humorístico— han sido contratados por entidades como RTVC, Prosperidad Social y ministerios para prestar “servicios de comunicación”.
A la par, estos mismos perfiles promueven campañas de desprestigio desde sus bodegas contra periodistas, acusan a medios de ser “golpistas” y posicionan etiquetas para amplificar la narrativa del gobierno. No es coincidencia, es estrategia financiada.
Aquí no se trata de cuestionar si un influencer puede ser contratista. El problema es más profundo: se están utilizando recursos públicos para financiar violencia digital contra la crítica, contra la prensa y la libertad de expresión.
El Estado como financiador de la desinformación
El Estado, en lugar de proteger el pluralismo, financia la desinformación. En nombre del pueblo y sus constantes invitaciones a marchas, conciertos gratis en la plaza de Bolívar, plantones y tropeles, se silencia a quien no repita el guion. La etiqueta ya no es solo un hashtag: es una herramienta de ataque, y también de gobierno.
Esta es la recopilación de los influenciadores que han hecho parte de esta estrategia y recibieron o están por recibir pagos de este gobierno. Algunos, incluso, serán candidatos al Congreso.
Wally, el cerebro tras la maquinaria
Walter Rodríguez Chaparro, conocido como “Wally” es un youtuber con un alcance alto en redes sociales. Aunque no es periodista sino opinador (como él mismo se denomina), su programa Wally Opina en YouTube ganó un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Allí fue crítico de Iván Duque, el uribismo y le ha hecho propaganda al petrismo.
Por eso, con la llegada de Petro a la Presidencia, le fue otorgado un contrato por 10 millones de pesos con RTVC.
El propósito del mismo, según registra SECOP, era ”crear, gestionar y difundir contenidos incluyentes y diversos de alta calidad en diferentes plataformas y tecnologías, con el propósito de formar, informar, entretener, educar, salvaguardar el patrimonio audiovisual del país y aportar en la construcción de tejido social, a partir del reconocimiento de la identidad ciudadana, sus preferencias y expectativas”.
Las campañas de ataque digital que lideró Wally
Según los documentos revisados por medio de bases de datos públicas y abiertas, y redes sociales, “Wally” tuvo un rol central como operador de campañas de violencia digital durante 2024 y como replicador en 2025.
Entre el 1 de septiembre y el 17 de octubre de 2024, Wally fue protagonista de la campaña #LaCloacaEsLaFM, dirigida específicamente contra el medio de comunicación La FM y su entonces director Luis Carlos Vélez.
Esta campaña alcanzó su punto más alto el 18 de septiembre del mismo año, cuando Wally registró 37.200 menciones en X (antes Twitter), la mayoría relacionadas con esa ofensiva contra medios de comunicación.
Posteriormente, el 3 de octubre, tras la salida de Vélez de La FM, Wally celebró públicamente la salida como una “victoria”, atribuyéndose el mérito del desgaste que llevó al retiro del periodista de dicho medio.
Las menciones sobre Wally provienen en su mayoría de X, y están altamente cargadas de percepción negativa, lo que confirma su asociación con acciones polarizadoras. Además, su participación en RTVC fue parte de un entramado más amplio en el que influencers con contratos públicos —como él— lideraron campañas sistemáticas de ataque a medios, periodistas y opositores desde diferentes bodegas.
El poder de Wally pasa de las cámaras al Congreso
Todos estos años Wally no solo fungió como comunicador, sino como símbolo de “pueblo”, de “verdad digital”, configurando un personaje de autenticidad que legitima sus ataques como si fueran expresión ciudadana, cuando en realidad están financiados con recursos del Estado por haber respaldado la narrativa de Gustavo Petro hace años.
Wally no es solo un influencer con discurso agresivo y estética popular, es abogado, conocedor profundo de los pliegues legales del Estado. Su rol trasciende las redes.
Durante 2024, certificó a todo el equipo de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente, la entidad que administra las bases de datos de contratación pública en Colombia, esto lo hizo para que sus amigos cumplieran con la suficiente experiencia laboral y acceder a cargos públicos.
Además de conocer cómo se comunica el Estado, también conoce cómo se contrata, quién contrata y con qué recursos.
Ese poder ahora será fundamental. Es prácticamente un hecho que Wally será congresista porque sacó 137 mil votos en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, lo que le asegura una posición privilegiada en la lista cerrada del Pacto para las elecciones legislativas del próximo año.
Lalis, la tuitera petrista que quiere ser congresista
Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, ha recibido contratos por más de 103 millones de pesos en total. Uno en 2022, otro en 2023 y dos más en 2024. Sin embargo, le depositaron menos en sus cuentas bancarias, pues uno por 51 millones fue terminado de manera anticipada.
Lo curioso, y extraño, es que no se registran informes de ejecución en varios de esos contratos de años pasados. Esto, a pesar de que un contratista debe presentar mensualmente uno para que le paguen. ¿Error de las bases de datos o de la contratista?
Pero hay más. Lalis contrató directamente con Colombia Compra Eficiente, la entidad que maneja SECOP. ¿Por qué lo hizo?
Lalis, en todo caso, será candidata al Congreso por las listas del Pacto Histórico. A diferencia de Wally, superó apenas los 26 mil votos.
La posible inhabilidad por contratación que pondría en riesgo la curul de Lalis
Según una investigación de El Colombiano, Lalis podría estar inhabilitada. La ley establece que ser contratista del Estado dentro de los seis meses previos a resultar electo o electa constituye una causal de inhabilidad.
La tuitera firmó en marzo un contrato con la Cancillería —que nuevamente terminó de forma anticipada— y, aunque la norma indica que el conteo de esos seis meses se calcula desde la fecha de la firma, algunos interpretan el plazo de manera distinta.
Lalis renunció el 1 de octubre. No obstante, si la Cancillería demoró en hacer efectiva esa renuncia, señalan que podría quedar en riesgo de perder la curul, incluso si gana en las elecciones de marzo.
La ofensiva digital contra los medios
El análisis de escucha social de la campaña #CaracolMiente, #caracolgolpista, #caracolmanipula, #caracolembrutece y sus derivados como #LosMediosMienten revela un patrón estructurado de violencia simbólica, con producción gráfica diseñada para degradar, humillar e intimidar a periodistas y medios críticos del gobierno.
Las imágenes no son simples memes, son artefactos de propaganda digital que reproducen esquemas de guerra cultural y manipulación ideológica.
Aunque Wally no ha trinado sobre estas tendencias, sí ha hecho eco reposteando a otras cuentas para que sus 566 mil seguidores vean la narrativa oficial.
Esto ocurrió, por ejemplo, con el caso de la infiltración de las Disidencias de las Farc, cuando este youtuber reposteó este trino del 24 de noviembre:
Sin embargo, este no es el único influenciador que hizo parte del ataque sistemático contra opositores.
Durante el Gobierno Petro, la influencer Lalis ha trinado 7 veces con la etiqueta #CaracolMiente en diferentes momentos del período presidencial. Se trata entonces de una estrategia coordinada para hostigar medios de comunicación.
La estrategia a largo plazo de las bodegas más allá de Wally y Lalis
Todas las tendencias son una estrategia a largo plazo, con metodologías estructuradas y calculadas para hacer daño. Por ejemplo, se evidencia que el primer trino de tendencias como #CaracolEmbrutece se realizó en 2018, pero fue en 2024, cuanto Gustavo Petro ya se encontraba en el poder, que se utilizó como una estrategia de ataque.
La gran mayoría de esta tendencia viene atada a los demás hashtags que mencionamos anteriormente: #CaracolMiente, #LosMediosMienten, entre otros.
Atacaron en coyunturas clave para el país en distintos momentos de este Gobierno: reforma a la salud, Asamblea Nacional Constituyente, marchas de la oposición y a favor de las reformas en 2024. Y en 2025 la deuda del Estado con las EPS.
La tendencia incluso fue replicada por RTVC Noticias, el noticiero del canal público del Estado.
¿Cómo lo hacen?
- Plantillas visuales reutilizadas y coordinadas: Se observa el uso de plantillas gráficas repetitivas que imitan carátulas de revistas como Semana, logos modificados de medios y estructuras editoriales falsificadas, lo cual genera confusión deliberada. Por ejemplo, una portada apócrifa de Semana con el título “VICKY ¡BASTA YA!”, manipula el rostro de la periodista y ahora candidata para sugerir su conexión con figuras políticas como Álvaro Uribe y la prostitución del periodismo. Es un ataque personal y profesional con motivaciones políticas claras.
- Uso de violencia simbólica y sexualizada: En la imagen en la que múltiples logos de Caracol rodean a una mujer (aparentemente la precandidata Vicky Dávila), el montaje simula un acto de abuso grupal. Esta es una forma de violencia digital de género extrema desde las bodegas, que no solo degrada a la mujer representada, sino que envía un mensaje a otras periodistas: “esto les pasará si contradicen el discurso oficial”. Es una táctica de silenciamiento por miedo y humillación.
- Asimilación de medios con propaganda nazi y terrorismo: Algunas imágenes fusionan la imagen de Goebbels con la de periodistas colombianos, como Juan Diego Alvira, insinuando que los noticieros son aparatos fascistas. Otra presenta micrófonos como fusiles, acusando directamente a medios como Blu Radio, Caracol, El Tiempo y La W de ser “medios golpistas”. Esta narrativa extrema equipara la crítica periodística con traición a la patria, preparando terreno simbólico para justificar ataques digitales o incluso físicos.
- Estética y contenido transgresor: La campaña ha adoptado una estética deliberadamente grotesca —con caracoles en inodoros, dibujos de Bart Simpson escribiendo “Caracol miente”, y montajes con ropa interior— para llamar la atención, viralizar y deslegitimar. Esta transgresión constante funciona como táctica de guerrilla digital para esquivar políticas de moderación de contenido y penetrar múltiples plataformas.
Principales emojis utilizados durante el último ataque a Caracol Televisión
Lo trágico —y profundamente irónico— es que muchos de los actuales promotores de estas campañas fueron antes víctimas. Quienes marcharon bajo la consigna de “cese la horrible noche”, que denunciaron la estigmatización, el exilio y la persecución, hoy reproducen —desde el poder— los mismos mecanismos de opresión.
La guerra no cesó, solo mutó: de los fusiles a los hashtags, de los panfletos a los hilos, de los campos a los timelines. La máquina de violencia sigue activa, solo que ahora viene financiada con recursos públicos, blindada con retórica progresista y ejecutada desde oficinas estatales de comunicación.
Colombia no está viviendo una transición hacia la paz; está transitando hacia una sofisticación de la guerra. Ya no se mata solo con balas, también con reputaciones destrozadas, narrativas impuestas y algoritmos manipulados. ¿Quién responde cuando la libertad de expresión muere lentamente disfrazada de trending topic?
¿Dónde atacan las bodegas?
El eje de la operación son los medios de comunicación. El hashtag #CaracolGolpista, que aparece con predominancia en la nube de palabras, es el eje de una campaña de deslegitimación contra el medio colombiano Caracol Televisión.
En este entorno digital, no se trata simplemente de una crítica hacia el contenido o el enfoque editorial del canal, sino de una acusación directa: ser parte de un supuesto “golpe blando” —una narrativa impulsada desde sectores cercanos al gobierno de Colombia, y en particular al Presidente Gustavo Petro— que vincula a los medios tradicionales con conspiraciones para desestabilizar al Estado.
Este tipo de campañas no son nuevas en América Latina, pero lo que resulta alarmante en el contexto colombiano es el nivel de coordinación y financiación que se ha detectado detrás de estas etiquetas.
Los hashtags como #losmediosmienten, #caracolmanipula, #rcnmiente, #lawmiente, #eltiempomiente y otros derivados, configuran un ecosistema digital donde se plantea la idea de que los medios no informan, sino que operan como herramientas de guerra psicológica.
Pero lo más grave es que estas afirmaciones no nacen del margen, sino que en ocasiones se han replicado o validado desde voces oficiales del Estado. En algunos trinos incluso se hace uso de símbolos históricos como la bandera de guerra a muerte de Simón Bolívar —un estandarte de confrontación total— para justificar la agresión hacia medios, periodistas y opositores.
La frase “¡Guerra a muerte!” se usa no como metáfora, sino como permiso cultural para un ataque total: simbólico, verbal y digital.
¿Hasta dónde pueden llegar las bodegas?
El caso de Caracol Televisión y su asociación con un “golpe” es particularmente complejo. Aunque no existe evidencia alguna de que este medio esté implicado en conspiraciones institucionales, la estrategia de las bodegas digitales ha consistido en tomar fragmentos de editoriales, titulares sacados de contexto o incluso memes y montajes falsos (como las portadas alteradas de El Tiempo, El País o W Radio), y presentarlos como pruebas de una traición a la patria. Así, el periodismo es convertido en enemigo, y la duda, la crítica o el análisis se equiparan a sabotaje.
Todo esto forma parte de un modelo más amplio: deslegitimar cualquier voz que contradiga el discurso oficial, y posicionar a medios estatales como RTVC Noticias como la única fuente “veraz”. Esta táctica de sustitución informativa —golpear la confianza en los medios privados para consolidar el control narrativo desde el Estado— ha sido ampliamente documentada en regímenes con tendencias autoritarias.
Lo que está en juego es la libertad de expresión y el pluralismo
Lo que debería preocuparnos no es solo la etiqueta de “golpista” dirigida a un canal de televisión, sino la construcción de un ecosistema digital donde el Estado o actores cercanos usan recursos públicos, plataformas y campañas articuladas para suprimir la pluralidad y la crítica.
No es una simple “guerra de hashtags”; es una disputa por el sentido de la verdad, donde la prensa independiente es convertida en enemigo interno y la narrativa opositora es socavada.
Preguntas frecuentes sobre las bodegas digitales
¿Cómo se identifica si una cuenta o tendencia en redes hace parte de una bodega?
Aunque no siempre es evidente, suelen aparecer varios indicios: múltiples cuentas publicando el mismo mensaje al mismo tiempo, uso repetitivo de hashtags específicos, perfiles recién creados o con actividad únicamente política, y patrones de coordinación —como respuestas idénticas o ataques simultáneos— que no ocurren de forma orgánica. También es común que estas cuentas solo interactúen entre ellas y repitan contenidos de los mismos nodos o líderes.
¿Por qué las bodegas tienen tanta influencia en la conversación pública?
Porque operan con volumen, coordinación y velocidad. Un mensaje repetido cientos o miles de veces puede dar la impresión de consenso, moldear tendencias y desplazar otras voces. Las plataformas premian lo que genera interacción, y las bodegas lo producen artificialmente. Esto puede inflar temas, presionar a periodistas o figuras públicas, o crear percepciones que no representan la opinión real de la mayoría.
¿Las bodegas están siempre vinculadas a gobiernos o partidos políticos?
No necesariamente. Pueden ser impulsadas por campañas políticas, funcionarios, grupos de apoyo ciudadano, empresas de marketing digital, activistas o incluso usuarios que se organizan informalmente. Algunas funcionan con recursos públicos o privados; otras operan de forma voluntaria. Lo común es la intención de influir la conversación, beneficiar una narrativa o atacar a quien se percibe como opositor.
