El Dinero Inmóvil: ¿Qué le encontró la auditoría al Fondo Paz?

La auditoría encontró que, aunque la plata está, no se ha gastado. Esto resulta llamativo si se tiene en cuenta que una de las prioridades del Gobierno era la Paz Total, cuya implementación requiere una inyección importante de recursos.

Plata, al menos de cooperación internacional, sí había. No obstante, según la auditoría conocida por PetroLeaks, una parte significativa de esos recursos permanecía inmovilizada.

En ese contexto, surge la pregunta central: si los recursos estaban disponibles, ¿por qué no estaban llegando a su ejecución?

Como se contó en la entrega anterior de este especial, la oficina donde Nicolás Petro hoy tiene incidencia en Presidencia concentra buena parte de la Consejería Jurídica para la contratación pública, lo que ha generado cuestionamientos por aparentes irregularidades y posibles oficinas paralelas de abogados en Presidencia.

Sin embargo, el problema no se limita a cómo se estructuran los contratos. Esta segunda parte pone el foco en una etapa posterior: qué ocurre con los recursos una vez son asignados.

Este escenario cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el Gobierno llegó con el discurso de la Paz Total, incluyendo procesos de negociación con el Ejercito de Liberación Nacional ELN, en medio de una situación de orden público compleja en regiones como el Catatumbo, en Norte de Santander.

A partir de estos hallazgos, el análisis se centra en la administración de los recursos del Fondo Paz y en los principales convenios que concentran estos dineros, como se detalla a continuación.

Historia de los recursos, los convenios y el dinero inmóvil

Para entender por qué estos recursos no se estaban ejecutando, es necesario revisar cómo funciona el Fondo Paz y cómo se administran sus convenios.

En los archivos internos de la Presidencia, bajo el rótulo técnico de Evaluación, Control y Mejoramiento, una auditoría con fecha de julio de 2025 revisó el corazón financiero de la llamada Paz Total: el Fondo de Programas Especiales para la Paz.

Lo que encontró esta auditoría no fue una ruptura abrupta ni un desfalco evidente. En cambio, evidenció un problema más silencioso y estructural: recursos entregados, pero no ejecutados; contratos firmados, pero demorados; dinero público que, en lugar de llegar al territorio, permanecía en administración, fiducias y bancos.

Las cifras clave de la auditoría del Fondo Paz

Como se observa en el documento de auditoría, se identificaron múltiples convenios con recursos en administración.

“En atención a los objetivos general y específicos de la auditoría No. 4, al cierre contable del 31 de marzo de 2025, en los estados financieros del DAPRE, se identifican 17 convenios y/o contratos suscritos por Fondo Paz, que tienen recursos entregados en administración y en derechos en fideicomisos; además se observaron 3 contratos que tienen reconocidos anticipos.”

Este es un fragmento de la pagina 2 F-EM-03.

La cifra total auditada fue de $578.321 millones entregados en administración.

Sin embargo, al momento del corte:

La auditoría no habló de corrupción directa. En cambio, advirtió riesgos de eficiencia, de oportunidad y de trazabilidad en el manejo de estos recursos.

La Paz Total de Gustavo Petro ha encontrado abundancia de recursos, pero no abundancia de ejecución. La auditoría del Fondo Paz revela que mientras el discurso oficial habla de urgencia en territorios afectados por conflicto, el dinero quedó congelado: $578.321 millones entregados en administración, fiducias y bancos, pero sin llegar completamente al terreno.

El caso del PNUD expone la ausencia de trazabilidad técnica —adiciones de $36.500 millones sin soportes claros—, mientras Findeter demuestra que incluso cuando hay recursos, hay demoras de 16 meses que transforman la oportunidad en ineficiencia. No es un desfalco evidente. Es más silencioso: un esquema donde lo financiero avanza más rápido que lo verificable, donde los convenios crecen por enmiendas sucesivas pero su ejecución permanece parcial. En el siguiente capítulo de esta investigación, descubriremos que algunos de estos recursos sí se gastaron, pero bajo estructuras donde la competencia real desapareció.

Principales contratos bajo análisis

Dentro de este sistema, dos piezas sobresalen por su peso estructural: el convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el esquema financiero-administrativo operado por Findeter.

Además de recursos del presupuesto nacional, el Fondo Paz también administra dineros provenientes de cooperación internacional, lo que hace aún más relevante el seguimiento a su ejecución, como se muestra a continuación.

El Caso PNUD, crecimiento de recursos y falta de trazabilidad

El 18 de noviembre de 2022, el Fondo Paz firmó el convenio FP-332 con el PNUD, la agencia de la ONU que en Colombia trabaja en construcción de paz y desarrollo regional.

El objetivo era ejecutar acciones para la Paz Total en el marco de negociaciones con grupos armados y sociedad civil. El valor inicial fue de $3.300 millones de pesos. No obstante, el convenio no se mantuvo en ese nivel.

Con el paso del tiempo, y a través de varias enmiendas, el monto escaló hasta $39.800 millones. Es decir, se adicionaron $36.500 millones al valor inicial sin que sea del todo clara su ejecución.

Problemas de ejecución y trazabilidad en el convenio

Aunque estos incrementos fueron registrados como modificaciones formales, la auditoría dejó una pregunta clave: ¿Qué justifica que un convenio crezca más de diez veces su valor inicial?

Además, al momento de la auditoría, el PNUD había ejecutado $17.699 millones. En otras palabras, más de la mitad de los recursos seguía sin ejecutarse. Sin embargo, el punto más delicado no fue solo el nivel de ejecución, sino la trazabilidad. Es decir, la posibilidad de hacerle seguimiento claro al dinero.

En ese sentido, la auditoría señaló que no fue posible cuantificar con precisión algunos saldos, debido a cláusulas contractuales y a la falta de información detallada por parte de estos organismos.

En términos prácticos, esto significa que una parte del dinero público no podía rastrearse con el mismo nivel de detalle que el resto de la contratación estatal.

No se trata de ilegalidad comprobada, sino de un problema de opacidad estructural que oculta cada vez más el manejo de los recursos a través de fondos pagados pero sin ejecución comprobada.

Qué encontró la auditoría sobre la contrapartida del PNUD

Uno de los puntos que revisó la auditoría fue la contrapartida del PNUD dentro del convenio.

Sobre este aspecto, el informe señala:

“En los documentos precontractuales ni en los que soportan las solicitudes de modificaciones en particular el denominado ‘FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL’, no se evidencia ningún soporte técnico de cómo Fondo Paz, valora el aporte en especie no monetario de PNUD (contrapartida) ni el aporte inicial de las que se fueron incrementando con las adiciones, tampoco se observa en ninguna de las actas de comités donde se informa sobre la ejecución presupuestal cómo se ha ido ejecutando (amortizando) la contrapartida por parte de PNUD, sin embargo, el incremento de la contrapartida en forma proporcional al aporte de Fondo Paz, les permitió que los recursos se ejecuten con las normas y procedimientos del Ejecutor”.

dice en la pagina 18 informe F-EM-15

El convenio FP-332, firmado con el PNUD para la “Paz Total”, no solo creció: también modificó su estructura. Nació con $3.300 millones y, mediante enmiendas, escaló hasta $39.800 millones. En paralelo, la contrapartida del PNUD aumentó hasta $40.006 millones.

Ahora bien, la auditoría identifica un vacío: no existe soporte técnico que explique cómo se valora ese aporte en especie ni cómo se justifica su incremento con cada modificación.

Tampoco se evidencian actas de comité que permitan hacer seguimiento a la ejecución o amortización de esa contrapartida a lo largo del convenio.

Hallazgos de la auditoría sobre la contrapartida

Al revisar los datos, la auditoría encuentra inconsistencias en el comportamiento de la contrapartida.

El porcentaje frente al total del Fondo que encontró la auditoría no cuadra: inicia en 100,96 % de ejecución, baja a 100,27 % y luego vuelve a subir a 100,52 %. En muchos casos, sucede en la contratación pública que se informan unos porcentajes de ejecución más altos de los reales, práctica que se presta para posible corrupción. Este puede llegar a ser el caso.

El cambio más llamativo se presenta en la última enmienda —la que lleva el total a $39.800 millones—, donde la contrapartida supera al Fondo en $206 millones, cuando antes se ubicaba en $71 millones.

Este comportamiento no prueba un delito. Aun así, para efectos de la auditoría, evidencia un problema administrativo: la ausencia de trazabilidad técnica para valorar, seguir y explicar este componente del convenio.

A esto se suma que la ejecución avanza a un ritmo menor. Al corte, el convenio del PNUD registra $17.699 millones ejecutados, equivalentes al 44,47% del total que afirmó.

En conjunto, los hallazgos muestran un mismo patrón: el convenio crece mediante enmiendas, pero su ejecución es parcial; la contrapartida aumenta, pero no se sustenta técnicamente; y el resultado es un esquema donde lo financiero avanza más rápido que lo verificable.

De todos estos hallazgos también surge una pregunta. ¿Por qué el PNUD aprueba estos cambios presupuestales sin una trazabilidad clara de los recursos?

Findeter, los retrasos y riesgos en la ejecución de contratos

Si el convenio con PNUD evidenciaba problemas de trazabilidad, el caso de Findeter muestra un patrón de demoras en los tiempos de ejecución.

El contrato 558 de 2023, firmado entre el Fondo Paz y la Financiera de Desarrollo Territorial —Findeter—, tenía como propósito prestar asistencia técnica integral para proyectos de infraestructura social y fortalecimiento territorial.

El valor inicial superaba los $41.984 millones. Aun así, con las adiciones, el monto se duplicó y superó los $95.500 millones.

A pesar de la disponibilidad de recursos, la auditoría encontró que la contratación derivada tardó aproximadamente 16 meses en iniciar.

En términos prácticos, esto significa que el dinero fue transferido, pero no se tradujo oportunamente en ejecución en territorio.

Mientras tanto, los recursos permanecieron en cuentas fiduciarias y bancarias, generando rendimientos financieros. Aunque estos intereses se reintegraban periódicamente, el problema de fondo no era el rendimiento, sino la demora en la ejecución.

Este retraso tiene implicaciones directas, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado, donde la oportunidad en el uso de los recursos es clave.

El informe no señala irregularidades penales. Sin embargo, sí advierte riesgos de ineficiencia y posibles incumplimientos del principio de oportunidad en el uso de recursos públicos.

Los recursos estaban destinados para contratar una interventoría para una obra de un puente sobre el Rio Guiza en zona rural de Ricaurte, Nariño.

Ahora bien, aunque la auditoría pudo rastrear que los recursos estaban en el banco, no tiene manera de comprobar qué pasó después de haber sido metida en las fiducias.

Las conexiones políticas y la sombra de la contratación

El Fondo Paz es administrado por la Presidencia de la República, en cabeza de Gustavo Petro, a través del Alto Comisionado de Paz, quien tiene una alta incidencia en las decisiones de política pública relacionadas con estos recursos.

Actualmente, el cargo lo ocupa Otty Patiño, exguerrillero y cofundador del M-19, organización en la que también militó el presidente.

Sin embargo, para el momento en que se firmó el convenio con el PNUD, el Alto Comisionado de Paz era Danilo Rueda, defensor de Derechos Humanos.

Durante ese periodo, Rueda fue mencionado en un episodio conocido como el “Pacto de la Picota”, en el que también participó Juan Fernando Petro, hermano del presidente, en visitas a personas privadas de la libertad durante la campaña presidencial.

Aunque este hecho generó controversia, no existe evidencia de que los recursos del Fondo Paz hayan sido destinados a organizaciones criminales.

Recursos sin ejecutar y riesgos en la Paz Total

En conjunto, los hallazgos muestran que sí existen recursos para la Paz Total, pero persisten problemas en su ejecución.

Por un lado, la auditoría evidencia dificultades en la trazabilidad, demoras en la implementación de contratos y vacíos en la justificación técnica de algunos convenios. Por otro, parte de estos recursos permanece sin ejecutarse, incluso cuando están disponibles.

Este escenario plantea riesgos en la eficiencia y oportunidad del uso de los recursos públicos, especialmente en contextos donde su impacto es urgente.

Este es el segundo capítulo del especial Las Sombras de la Paz Total. En la siguiente entrega, conozca cómo parte de estos recursos se integran a esquemas más complejos de posibles corrupción o detrimento.

Preguntas frecuentes sobre el Fondo Paz y la auditoría

¿Qué es una contrapartida en un convenio como el del Fondo Paz?

La contrapartida es el aporte que realiza una de las partes en un convenio, que puede ser en dinero, bienes o servicios. En el caso del Fondo Paz, estos aportes son clave para ejecutar proyectos, pero requieren soportes técnicos claros para garantizar su trazabilidad.

¿Qué significa que un recurso esté en administración o en fiducia?

Cuando un recurso está en administración o en fiducia, significa que ya fue transferido a una entidad o vehículo financiero, pero aún no se ha ejecutado en proyectos concretos. Es decir, el dinero está disponible, pero no necesariamente está generando impacto en el territorio.

¿Por qué es importante la trazabilidad en los recursos públicos?

La trazabilidad permite hacer seguimiento al uso del dinero público desde su asignación hasta su ejecución. Esto es clave para garantizar transparencia, eficiencia y control, especialmente en programas como la Paz Total que involucran múltiples actores y fuentes de financiación.