Bodegas del poder: Así opera la narrativa oficial desde los clics

A pocos días de ser capturado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), su despedida no fue entre aplausos, sino entre cafés agrios, chistes cínicos y periodistas tomando nota con la certeza de estar presenciando el final de otro “Honorable” o “Doctor” en desgracia.

Mientras Name insistía en su inocencia, lo que se comentaba en voz baja no era solo su caída, sino el entramado de poder que hoy sostiene muchas de esas curules: las bodegas digitales.

Bajo la superficie de hashtags como #LaCloacaEsLaFM, #LosMediosMienten, #CaracolMiente o #UniendoVoces, operan ejércitos de cuentas falsas, influencers pagos y empresas fantasma que, con recursos públicos, moldean la opinión en redes sociales.

No se trata solo de defender al gobierno de turno: es una maquinaria que ataca a periodistas, sociedad civil, deslegitima medios y convierte la propaganda en política de Estado.

¿Qué hacen desde las bodegas?

Hashtags como #FuerzaPetro, #ElCambioEsImparable, #GobiernoDelCambio, #TodosConPetro o #LaPensionalSeDefiende no surgen espontáneamente desde la ciudadanía. Detrás de su viralización hay campañas digitales o bodegas que responden a momentos clave del Gobierno, como crisis políticas, debates legislativos o ataques a medios.

Estas etiquetas funcionan como escudos narrativos: mientras el país debate sobre corrupción, desplazamientos forzados, reclutamiento infantil o reformas fallidas, las redes se inundan con videos editados, imágenes de giras presidenciales y discursos exaltados del líder del Pacto Histórico. Se trata de propaganda moderna, distribuida a escala industrial.

Al analizar la operación detrás de estas tendencias, se rastrearon los principales ataques digitales liderados por influencers con contratos públicos vigentes. Figuras con presencia en TikTok, X o YouTube —algunos con contenido político, otros con contenido sexual o humorístico— han sido contratados por entidades como RTVC, Prosperidad Social y ministerios para prestar “servicios de comunicación”.

A la par, estos mismos perfiles promueven campañas de desprestigio desde sus bodegas contra periodistas, acusan a medios de ser “golpistas” y posicionan etiquetas para amplificar la narrativa del gobierno. No es coincidencia, es estrategia financiada.

Aquí no se trata de cuestionar si un influencer puede ser contratista. El problema es más profundo: se están utilizando recursos públicos para financiar violencia digital contra la crítica, contra la prensa y la libertad de expresión.

El Estado, en lugar de proteger el pluralismo, financia la desinformación. En nombre del cambio, se ejecuta censura encubierta. En nombre del pueblo y sus constantes invitaciones a marchas, conciertos gratis en la plaza de Bolívar, plantones y tropeles, se silencia a quien no repita el guion. La etiqueta ya no es solo un hashtag: es una herramienta de ataque, y también de gobierno.

Wally, el operador de la narrativa oficial

¿Quién es Wally? El cerebro tras la maquinaria

Según los documentos revisados por medio de bases de datos públicas y abiertas, y redes sociales, Wally (conocido en redes como @MeDicenWally), tuvo un rol central como operador de campañas de violencia digital durante 2024, particularmente tras su ingreso a RTVC, el sistema de medios públicos del Estado Colombiano.

Entre el 1 de septiembre y el 17 de octubre de 2024, Wally fue protagonista de la campaña #LaCloacaEsLaFM, dirigida específicamente contra el medio de comunicación La FM y su entonces director Luis Carlos Vélez.

Esta campaña alcanzó su punto más alto el 18 de septiembre del mismo año, cuando Wally registró 37.200 menciones en X (antes Twitter), la mayoría relacionadas con esa ofensiva contra medios de comunicación.

Posteriormente, el 3 de octubre, tras la salida de Vélez de La FM, Wally celebró públicamente la salida como una “victoria”, atribuyéndose el mérito del desgaste que llevó al retiro del periodista de dicho medio.

Las menciones sobre Wally provienen en su mayoría de X, y están altamente cargadas de percepción negativa, lo que confirma su asociación con acciones polarizadoras. Además, su participación en RTVC fue parte de un entramado más amplio en el que influencers con contratos públicos —como él— lideraron campañas sistemáticas de ataque a medios, periodistas y opositores desde diferentes bodegas.

¿Qué representa Wally?

En el contexto de la narrativa oficial, Wally no solo funge como comunicador, sino como símbolo de “pueblo”, de “verdad digital”, configurando un personaje de autenticidad que legitima sus ataques como si fueran expresión ciudadana, cuando en realidad están financiados con recursos del Estado.

Wally no es solo un influencer con discurso agresivo y estética popular, es abogado, conocedor profundo de los pliegues legales del Estado. Su rol trasciende las redes. Durante 2024, certificó a todo el equipo de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente, la entidad que administra las bases de datos de contratación pública en Colombia, esto lo hizo para que sus amigos cumplieran con la suficiente experiencia laboral y acceder a cargos públicos.

Es decir, Wally no solo conoce cómo se comunica el Estado, sino también cómo se contrata, quién contrata y con qué recursos. Este cruce entre visibilidad digital, saber jurídico y acceso a información estratégica, le otorga un poder inusual para un operador político disfrazado de voz ciudadana.

A esto se suma un respaldo político sólido: Gustavo Bolívar, exsenador y precandidato presidencial, y Hollman Morris, exconcejal de Bogotá y figura del Pacto Histórico, han sido aliados abiertos del influencer, promoviendo su agenda en espacios institucionales y eventos públicos. En Wally se condensa el nuevo modelo de propaganda estatal: un personaje mediático, legalista, agresivo y protegido políticamente, que combina formación técnica con licencia para ejercer violencia simbólica a nombre del gobierno.

#LosMediosMienten

El análisis de escucha social de la campaña #CaracolMiente, #caracolgolpista, #caracolmanipula, #caracolembrutece y sus derivados como #LosMediosMienten revela un patrón estructurado de violencia simbólica, con producción gráfica diseñada para degradar, humillar e intimidar a periodistas y medios críticos del Gobierno. Las imágenes no son simples memes, son artefactos de propaganda digital que reproducen esquemas de guerra cultural y manipulación ideológica.

¿Cómo lo hacen?

• Plantillas visuales reutilizadas y coordinadas: Se observa el uso de plantillas gráficas repetitivas que imitan carátulas de revistas como Semana, logos modificados de medios y estructuras editoriales falsificadas, lo cual genera confusión deliberada. Por ejemplo, una portada apócrifa de Semana con el título “VICKY ¡BASTA YA!”, manipula el rostro de la periodista para sugerir su conexión con figuras políticas como Álvaro Uribe y la prostitución del periodismo. Es un ataque personal y profesional con motivaciones políticas claras.

• Uso de violencia simbólica y sexualizada: En la imagen en la que múltiples logos de Caracol rodean a una mujer (aparentemente la precandidata Vicky Dávila), el montaje simula un acto de abuso grupal. Esta es una forma de violencia digital de género extrema desde las bodegas, que no solo degrada a la mujer representada, sino que envía un mensaje a otras periodistas: “esto les pasará si contradicen el discurso oficial”. Es una táctica de silenciamiento por miedo y humillación.

• Asimilación de medios con propaganda nazi y terrorismo: Algunas imágenes fusionan la imagen de Goebbels con la de periodistas colombianos, como Juan Diego Alvira, insinuando que los noticieros son aparatos fascistas. Otra presenta micrófonos como fusiles, acusando directamente a medios como Blu Radio, Caracol, El Tiempo y La W de ser “medios golpistas”. Esta narrativa extrema equipara la crítica periodística con traición a la patria, preparando terreno simbólico para justificar ataques digitales o incluso físicos.

• Estética y contenido transgresor: La campaña ha adoptado una estética deliberadamente grotesca —con caracoles en inodoros, dibujos de Bart Simpson escribiendo “Caracol miente”, y montajes con ropa interior— para llamar la atención, viralizar y deslegitimar. Esta transgresión constante funciona como táctica de guerrilla digital para esquivar políticas de moderación de contenido y penetrar múltiples plataformas.

Y entonces, ¿qué sigue en la investigación?

Para cerrar esta investigación, resulta inevitable trazar una línea entre la violencia simbólica ejercida desde las redes sociales y las violencias materiales que persisten en Colombia. Las campañas de odio que se orquestan desde las bodegas contra figuras públicas, periodistas, opositores, líderes sociales —como las que hemos documentado— no son solo memes o “batallas narrativas”, son antesala, justificación y ambiente propicio para violencias mayores.

El atentado contra el senador Miguel Uribe, que hoy se debate entre la vida y la muerte, no puede desligarse del clima de hostilidad digital que se ha cultivado sistemáticamente desde sectores con poder institucional, legitimando la agresión como forma válida de silenciar al disidente.

1. Página: Colombia Humana

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• Administradores desde: Colombia

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2. Página: Pacto Histórico Valle

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• Correo vinculado: comercial@publigo.com.co
• Empresa relacionada: Publigo (Cali), ha pagado $49.415.223 en pauta entre 2020 y 2024

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3. Página: Hollman Morris

• Cantidad de administradores: No especificado
• Administrador conocido: Daniel Sebastián Contreras Ortiz
• Administradores desde: Colombia
• Ubicación de pagos de pauta: Calle 36 #21-10 (sede de Programar Televisión)

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4. Página: Colombia Humana con Gustavo Petro

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• Administradores desde: Colombia y Ecuador
• Correo vinculado:OSINT
• Observación: El correo no ha sido abierto desde el 3 de julio de 2022

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5. Página: Francia Márquez

• Cantidad de administradores: 6
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  • 1 en México
  • 1 en Uruguay
• Pagos de pauta a nombre de: Daniel Sebastián Contreras Ortiz
• Entidad financiadora de anuncios: Universidad Nacional (Bogotá)

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Principales emojis utilizados durante el último ataque a Caracol Televisión

Lo trágico —y profundamente irónico— es que muchos de los actuales promotores de estas campañas fueron antes víctimas. Quienes marcharon bajo la consigna de “cese la horrible noche”, que denunciaron la estigmatización, el exilio y la persecución, hoy reproducen —desde el poder— los mismos mecanismos de opresión. La guerra no cesó, solo mutó: de los fusiles a los hashtags, de los panfletos a los hilos, de los campos a los timelines. La máquina de violencia sigue activa, solo que ahora viene financiada con recursos públicos, blindada con retórica progresista y ejecutada desde oficinas estatales de comunicación.

Colombia no está viviendo una transición hacia la paz; está transitando hacia una sofisticación de la guerra. Ya no se mata solo con balas, también con reputaciones destrozadas, narrativas impuestas y algoritmos manipulados. ¿Quién responde cuando la libertad de expresión muere lentamente disfrazada de trending topic?

¿Dónde atacan las bodegas?

El hashtag #CaracolGolpista, que aparece con predominancia en la nube de palabras, es el eje de una campaña de deslegitimación contra el medio colombiano Caracol Televisión.

En este entorno digital, no se trata simplemente de una crítica hacia el contenido o el enfoque editorial del canal, sino de una acusación directa: ser parte de un supuesto “golpe blando” —una narrativa impulsada desde sectores cercanos al Gobierno, y en particular al Presidente Gustavo Petro— que vincula a los medios tradicionales con conspiraciones para desestabilizar al Estado.

Este tipo de campañas no son nuevas en América Latina, pero lo que resulta alarmante en el contexto colombiano es el nivel de coordinación y financiación que se ha detectado detrás de estas etiquetas.

Los hashtags como #losmediosmienten, #caracolmanipula, #rcnmiente, #lawmiente, #eltiempomiente y otros derivados, configuran un ecosistema digital donde se plantea la idea de que los medios no informan, sino que operan como herramientas de guerra psicológica.

Pero lo más grave es que estas afirmaciones no nacen del margen, sino que en ocasiones se han replicado o validado desde voces oficiales del Estado. En algunos trinos incluso se hace uso de símbolos históricos como la bandera de guerra a muerte de Simón Bolívar —un estandarte de confrontación total— para justificar la agresión hacia medios, periodistas y opositores.

La frase “¡Guerra a muerte!” se usa no como metáfora, sino como permiso cultural para un ataque total: simbólico, verbal y digital.

¿Hasta dónde pueden llegar las bodegas?

El caso de Caracol Televisión y su asociación con un “golpe” es particularmente complejo. Aunque no existe evidencia alguna de que este medio esté implicado en conspiraciones institucionales, la estrategia de las bodegas digitales ha consistido en tomar fragmentos de editoriales, titulares sacados de contexto o incluso memes y montajes falsos (como las portadas alteradas de El Tiempo, El País o W Radio), y presentarlos como pruebas de una traición a la patria. Así, el periodismo es convertido en enemigo, y la duda, la crítica o el análisis se equiparan a sabotaje.

Todo esto forma parte de un modelo más amplio: deslegitimar cualquier voz que contradiga el discurso oficial, y posicionar a medios estatales como RTVC Noticias como la única fuente “veraz”. Esta táctica de sustitución informativa —golpear la confianza en los medios privados para consolidar el control narrativo desde el Estado— ha sido ampliamente documentada en regímenes con tendencias autoritarias.

Lo que debería preocuparnos no es solo la etiqueta de “golpista” dirigida a un canal de televisión, sino la construcción de un ecosistema digital donde el Estado o actores cercanos usan recursos públicos, plataformas y campañas articuladas para suprimir la pluralidad y la crítica. No es una simple “guerra de hashtags”; es una disputa por el sentido de la verdad, donde la prensa independiente es convertida en enemigo interno.