La captura de exministros profundiza el colapso institucional
Prendieron velitas, jugaron con fuego y se quemaron. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a prisión a los exministros capturados, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, marca otro punto de quiebre en la estabilidad del Gobierno de Colombia.
La magistrada Aura Alexandra Rosero ordenó enviar a la cárcel preventiva a ambos exfuncionarios, salpicados por el escándalo de la UNGRD. Mientras Bonilla fue capturado en plena audiencia judicial y trasladado al búnker de la Fiscalía, Velasco se entregó voluntariamente en la ciudad de Cali, ambos enfrentando cargos por presuntos delitos de concierto para delinquir y otras irregularidades en la contratación pública.
La UNGRD bajo la lupa por presunta estructura criminal en el Gobierno
Según los entes de control, recursos de la UNGRD que estaban destinados a atender emergencias —como el suministro de agua en La Guajira— habrían sido desviados para obtener apoyos políticos en el Congreso.
La información verificada por el Tribunal indica que estos fondos públicos se habrían utilizado para asegurar la viabilidad de las reformas impulsadas por el Gobierno.
Este escenario llevó a exintegrantes del gabinete, entre ellos Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, a advertir sobre la existencia de una presunta estructura criminal dedicada al desvío de recursos públicos.
De acuerdo con esos señalamientos, dicha red no se limitaría a los exministros capturados, sino que involucraría a un entramado más amplio de funcionarios y congresistas que habría operado durante varios años.
Consecuencias políticas y el revuelo en el Estado de derecho
Mientras el presidente Gustavo Petro ha defendido la inocencia de Bonilla, figuras de la oposición han calificado este suceso como una victoria del Estado de derecho contra la corrupción. La senadora María Fernanda Cabal y la precandidata Vicky Dávila han enfatizado que la decencia es innegociable, señalando que la orden de captura es el resultado de una gestión que priorizó los objetivos políticos sobre la legalidad.
El futuro judicial de Bonilla y Velasco en el caso UNGRD
Ricardo Bonilla afrontará el proceso solicitando que se tengan en cuenta factores como su edad y estado de salud al momento de definir el centro de reclusión definitivo por parte del Inpec. Luis Fernando Velasco, por su parte, permanece a disposición de las autoridades en la ciudad de Cali, a la espera de su traslado.
La Fiscalía General de la Nación deberá establecer el alcance total de los presuntos delitos de concierto para delinquir dentro de este entramado, en una investigación que mantiene la atención del país mientras el escándalo de la UNGRD sigue alcanzando a las más altas esferas del poder.
