El decretazo del Gobierno de Colombia

El aumento del salario mínimo se define, en principio, a través de una negociación entre empresarios y sindicatos. Cuando no hay acuerdo entre ambas partes, el Gobierno de Colombia tiene la última palabra y puede fijarlo por decreto. Eso fue exactamente lo que ocurrió.

El salario mínimo pasó de 1’423.500 pesos en 2025 a 1’750.905 en 2026, sin incluir el subsidio de transporte. Con el subsidio, la cifra alcanza los 2 millones de pesos.

Sin duda alguna, las 2,4 millones de personas que ganan el salario mínimo lo celebran. Las personas piensan que tendrán más poder adquisitivo, al menos por ahora.

El golpe del incremento más alto en 23 años

Desde 1992, Colombia no registraba un aumento del salario mínimo de esta magnitud. El problema, advierten expertos, es que el impacto no se limita al costo de vida. También pone en riesgo el empleo formal.

Más del 55 % de las personas que trabajan en el país lo hacen en la informalidad. Esto implica ingresos por debajo del salario mínimo y la exclusión del sistema de salud y pensiones.

En el contexto regional, Colombia ocupa el sexto lugar entre los países de América Latina con mayores niveles de informalidad laboral.

Colombia – chavismo 2.0

Hay una tendencia que se repite. Varios países que elevaron el salario mínimo de forma drástica registraron, años después, un fuerte aumento en el costo de vida.

En Venezuela, el incremento del salario mínimo en 2008 fue el preludio de una disparada inflacionaria cinco años más tarde y de una hiperinflación una década después.

Un camino similar recorrió Argentina. Entre 2003 y 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el salario mínimo aumentó cerca de un 100 %, pese a que la inflación de ese momento representaba apenas una quinta parte de ese ajuste.

En otros países como Ecuador, Bolivia y Brasil, el impacto inflacionario no fue tan alto tras los incrementos del salario mínimo. Sin embargo, todos comparten un elemento en común: gobiernos de izquierda con enfoques populistas.

El populismo de izquierda latinoamericano

El aumento del salario mínimo suele convertirse en una herramienta política de alto impacto simbólico. Es una decisión fácil de comunicar, difícil de cuestionar a corto plazo y especialmente rentable en años electorales.

Bajo la narrativa de un Estado que “protege a los trabajadores”, estas medidas privilegian el beneficio inmediato y relegan variables clave como la productividad, la sostenibilidad fiscal y la capacidad real de las empresas —en especial las pequeñas y medianas— para absorber el incremento.

Una lógica que se repite en América Latina

En América Latina, como ya vimos, esta lógica ha sido recurrente en gobiernos de izquierda con enfoques populistas.

Colombia no es ajena a ese riesgo: un aumento del 23 % en un país con alta informalidad y bajo crecimiento de la productividad puede terminar debilitando el empleo formal y trasladando los costos al futuro.

En economía, el populismo rara vez muestra sus efectos de inmediato, pero casi siempre termina pasando la cuenta.