Iván Cepeda sí sabía lo que estaba ocurriendo en cuanto a corrupción en la UNGRD
Durante el gobierno de Gustavo Petro, Iván Cepeda Castro consolidó una red de influencia dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una entidad hoy sumida en uno de los escándalos de corrupción más graves de la actual administración.
En mayo de 2024 la revista Cambio reveló que al senador Iván Cepeda Castro, militantes del Pacto Histórico le enviaron un correo alertando sobre presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Días después, Cepeda negó públicamente en X (antes Twitter) que esa dirección de correo le perteneciera.
No obstante, una verificación con la herramienta OSINT Industries muestra que el correo efectivamente está asociado a Cepeda, pues se utiliza en su canal de YouTube, desde el cual enlaza sus demás redes sociales oficiales. Algunos registros de seguridad confirman que la misma dirección aparece en una filtración de datos de su cuenta de X en 2020.
Lo que aún no se aclara sobre el patrimonio y la financiación de la campaña de Iván Cepeda
En medio de las denuncias por posibles actos de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Protección y la Unidad de Víctimas, surge una pregunta directa a Iván Cepeda sobre la coherencia del discurso anticorrupción: ¿de dónde provienen los recursos con los que adquirió sus nuevas propiedades y cómo se saldó la deuda de más de 600 millones de pesos de su campaña en 2022?
De prestamistas a contratistas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Uno de los casos que mejor ilustra cómo opera este entramado es el de Juan Camilo Petev y Henry de Jesus Saldarriaga, ambos contratistas de la Unidad de Gestion del Riesgo. Pachón es comunicador de origen caleño, sin experiencia en gestión del riesgo ni trayectoria relevante en funciones públicas, el cual apareció en 2022 como responsable de la pauta digital en redes sociales a favor de Iván Cepeda.
Este hecho lo confirma la Biblioteca de Anuncios de Meta: Pachón Petev pagó entre 500.000 y 600.000 pesos colombianos por piezas de propaganda política a favor del Pacto Histórico, que alcanzaron entre 40 y 45 millones de impresiones. Todo esto bajo el lema: “Nadie puede estar por encima de la justicia”.
Esta información no figura en su hoja de vida oficial ni en plataformas de transparencia como Cuentas Claras, tampoco figura algún registro que lo vincule como parte del equipo de Iván Cepeda en 2022.
Juan Camilo Pachón Petev fue nombrado en junio de 2023 como jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la UNGRD, a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Durante su gestión, entre junio de 2023 y junio de 2024, bajo la dirección de Olmedo López, lideró la estrategia de comunicaciones y el ecosistema digital de la entidad, accediendo a información privilegiada sobre emergencias, contratistas y procesos de compra.
La coincidencia no es menor. La UNGRD ha estado bajo control del Polo Democrático —partido que avaló a Cepeda en 2022— desde el inicio del Gobierno Petro, primero con Olmedo López, hoy imputado por corrupción, y luego con Carlos Carrillo, exconcejal de Bogotá y figura cercana al mismo partido.
En la lista de asistentes a la reunión convocada por Olmedo López y Sneyder Pinilla, los dos altos Carlos de la UNGRD, envueltos hoy en día en el escándalo de los carro tanques de La Guajira, asistieron mandatarios regionales, operadores de contratos y miembros de confianza del círculo más cercano de Petro.
Pachón y la financiación de las campañas del Pacto Histórico
Entre 2021 y 2023, Juan Camilo Pachón se desempeñó como director creativo en Brands 360 S.A.S., empresa de Henry Saldarriaga, quien posteriormente lo acompañó en la UNGRD. Pachón fue jefe de comunicaciones desde junio de 2023, mientras que Saldarriaga firmó en enero de 2024 un contrato por $284 millones como asesor financiero.
Saldarriaga también financió con $600 millones la campaña del congresista Alejandro Toro, según el portal Cuentas Claras, aunque este niega conocerlo. La coincidencia de cargos, contratos y vínculos con el Pacto Histórico refuerza la sospecha de una red de captación institucional, en la que Pachón aparece como parte de un engranaje que conecta lo privado, lo electoral y lo público.
Presunto uso político de contratos y nombramientos
El hecho de que el mismo empresario que financió campañas haya terminado beneficiado con contratos, y que sus antiguos colaboradores también fueran incorporados a cargos estratégicos, refuerza la necesidad urgente de una investigación fiscal, disciplinaria y penal sobre el uso político de los recursos públicos en esa institución.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se ha convertido, según múltiples denuncias e investigaciones periodísticas, en el epicentro de la corrupción en este gobierno.
A continuación, se evidencia cómo, en ese mismo contexto de corrupción, Iván Cepeda vio crecer su patrimonio de forma exponencial sin que quede claro cómo lo hizo.
Iván Cepeda incrementó su patrimonio en un 297 % durante el gobierno de Gustavo Petro
Entre 2022 y 2025, el senador Iván Cepeda reportó un incremento patrimonial del 297 %, al pasar de declarar bienes por $549.629.000 a $2.183.537.889 de pesos colombianos. Este crecimiento acelerado se dio en paralelo a su protagonismo político como figura de la izquierda y defensor de víctimas del conflicto armado. Sin embargo, según registros de la plataforma Cuentas Claras, Cepeda reportó una deuda de más de $600 millones con la cooperativa financiera Confiar.
Para 2025 solo reportó una deuda por $6´890.000 lo que genera dudas sobre cómo, en medio de un costoso proceso legal contra Álvaro Uribe, no solo logró aumentar exponencialmente su patrimonio, sino también adquirir de contado un penthouse de $440 millones y asumir sus obligaciones crediticias sin aparente dificultad.
Estas inconsistencias abren interrogantes legítimos sobre la posible existencia de una red de respaldo político-financiero que podría estar relacionada con instituciones permeadas por la corrupción, desde donde se canalizan recursos, favores o protección institucional. Mientras tanto, las víctimas y familiares del genocidio contra la Unión Patriótica (UP) —causa por la que Cepeda ha construido buena parte de su capital simbólico— siguen esperando justicia y reparación real.
El mismo gobierno que él respalda como figura aliada del presidente, y que prometió priorizar a las víctimas, ha optado por dejarlas solas, instrumentalizadas y sin respuestas concretas. En este contexto, el contraste entre el crecimiento personal de un senador y el abandono de a quienes representa, resulta tan simbólico como alarmante.
Ese entramado de poder no se limita a la política nacional. Su alcance se extiende a organizaciones y fundaciones que, desde hace décadas, han sido parte esencial de su plataforma de influencia, como se demuestra en las siguientes líneas.
Los vínculos de Iván Cepeda con ONG´S internacionales
La Fundación Manuel Cepeda Vargas fue creada el 10 de agosto de 1994, un día después del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, por su hijo Iván Cepeda y su entonces esposa Claudia Girón Ortiz.
Su propósito inicial fue investigar el crimen y, con el tiempo, se amplió a la promoción de la paz, la justicia social y la cultura, a través de la construcción de memoria histórica, la denuncia de crímenes de lesa humanidad, la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos mediante herramientas pedagógicas, eventos públicos y expresiones artísticas.
Además, en la sección de contacto se indica como sede legal para notificaciones la oficina 636B del Edificio Nuevo del Congreso, correspondiente a la curul del senador Cepeda, junto a su correo oficial en el Senado: ivan.cepeda@senado.gov.co.
El uso de recursos institucionales —como una oficina legislativa y un correo estatal— por parte de una ONG internacional financiada por entidades extranjeras plantea serias dudas sobre el uso político de plataformas oficiales, así como sobre los límites éticos entre la función pública y las estructuras paralelas de poder e incidencia internacional.
A continuación, se presentan los hechos que evidencian cómo esa misma lógica terminó afectando incluso los procesos de reparación de víctimas.
Filtración de datos de reparación de víctimas del caso internacional “Integrantes de la UP vs. Colombia”
En 2021, las Madres de Soacha, colectivo de mujeres cuyos familiares fueron víctimas de falsos positivos, expresaron su preocupación por que el Pacto Histórico, al parecer, las había excluido de las listas al Congreso. ¿Ocurrirá lo mismo en 2026?
La historia se repite, pero ahora con una falla estructural aún más grave. Una investigación de PetroLeaks Observatorio destapó una filtración masiva de más de 2.600 documentos confidenciales, muchos provenientes del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas (SNARIV).
En estos archivos, expuestos sin protección en servidores oficiales, se encontraron los datos personales de al menos 174 víctimas, entre ellas familiares de la Unión Patriótica. También se hallaron registros falsos, creados para desviar recursos estatales.
Este no es un error de un gobierno enemigo de la paz, sino de aquel que más se ufana de defenderla. Un gobierno que ha hecho del dolor ajeno su capital simbólico, y del discurso de las víctimas, su escudo electoral. Banderas de una política liderada por Iván Cepeda, senador y candidato presidencial, quien ha edificado su carrera sobre la memoria de los ausentes y la bandera de los Derechos Humanos.
Hoy, su patrimonio crece en silencio —cuatro propiedades, todas pagadas de contado, la última en una de las zonas más exclusivas de Bogotá— mientras las víctimas que dice representar son expuestas, vulneradas y olvidadas.
Consecuencias para el Gobierno de la filtración de datos sensibles de víctimas del Estado
La filtración no solo revela una falla técnica o negligencia estatal. Pone en evidencia que las víctimas siguen siendo usadas como plataforma política, pero no cuentan con garantías reales de protección. La memoria, se convierte en espectáculo. La reparación, en burocracia. Y la dignidad, en eslogan.
El Estado podría derivar en una responsabilidad penal y disciplinaria para los funcionarios encargados, así como en una eventual acción internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplimiento de medidas de protección ordenadas. La negligencia no es solo administrativa: es penalizable y sus consecuencias trascienden las fronteras nacionales.
Instrumentalización del dolor y la memoria selectiva
No se trata de desconocer a Iván Cepeda como víctima del conflicto armado. Al igual que él, Álvaro Uribe Vélez también perdió a su padre en medio de una guerra interna que no cesa y que ha dejado heridas profundas en ambos bandos. Sin embargo, en el caso de Cepeda, su papel ha trascendido la memoria personal para convertirse en un discurso absoluto basado en la instrumentalización del dolor y la memoria colectiva.
Ese relato, convertido en un nuevo frente de batalla e ingreso político y económico, se sostiene sobre una narrativa fuerte, emocional y dolorosa que inhibe la empatía y, paradójicamente, no busca la paz sino la permanencia del conflicto simbólico que le da sentido y poder. Otra forma de guerra.
En medio del juicio contra Álvaro Uribe Vélez, surgieron pruebas de que la fundación “Comité de Solidaridad con los Presos Políticos”, vinculada a Iván Cepeda y financiada por Amnistía Internacional, realizó pagos mensuales de $1.200.000 a la familia de Juan Guillermo Monsalve —exparamilitar condenado y principal testigo contra Uribe— e incluso les ofreció asilo en Argentina.
Aun cuando Cepeda admitió haber conectado a la familia con la ONG, se evidenció una contradicción central: Monsalve no era preso político. Además, los representantes legales de la fundación, Oscar Ramírez Puerta y Daniela Rodríguez Sanabria, han respaldado públicamente a Cepeda, revelando una estrecha coordinación entre ONGs de derechos humanos, la justicia transicional y su estrategia política.
En los párrafos siguientes se analiza cómo fueron obtenidas las filtraciones.
Metodología de obtención de filtraciones de datos sobre reparación de víctimas
Para comprender el alcance de la filtración, conviene precisar el método empleado para identificar las filtraciones de datos.
Se realizó una búsqueda respetuosa y no intrusiva empleando técnicas OSINT —principalmente Google Dorks. orientados a dominios “gov.co”, revisiones de snapshots en Wayback Machine y búsquedas en índices públicos— para localizar una carpeta histórica (apodada up/unp) que contenía archivos accesibles públicamente.
A partir de esos listados públicos se descargaron copias de los archivos como respaldo de que la información estuvo disponible. Todo el proceso fue documentado con URLs, fechas y hashes, garantizando la trazabilidad y preservando la evidencia sin vulnerar accesos ni eludir autenticaciones.
Una vez revisada la información, se verificó la verosimilitud de los datos sensibles presentes en los archivos —como números de teléfono y direcciones de correo— mediante la herramienta OSINT Industries, con el fin de corroborar si esos contactos seguían activos o visibles en fuentes abiertas.
Es importante subrayar que dicha verificación no implicó prácticas intrusivas. No se usaron credenciales, no se explotaron vulnerabilidades ni se accedió a sistemas cerrados. Toda la información provino de contenidos previamente indexados o archivados de forma pública.
Metodología de investigación: evidencias de uso ilegal y la suplantación de datos de víctimas
Para dejar constancia pública del hallazgo, se preservó una copia del snapshot relevante en Wayback Machine, garantizando así la accesibilidad de una prueba histórica sobre la exposición de los datos.
El hallazgo evidencia que la Unidad de Víctimas no protegió adecuadamente esos recursos durante el periodo en que estuvieron accesibles; por ello se recomienda custodiar las pruebas originales, notificar responsablemente a las autoridades competentes y publicar solo versiones anonimizadas para evitar daño adicional a las personas afectadas.
Una vez revisados y fact‑chequeados los datos mediante técnicas OSINT —incluida la herramienta OSINT Industries para corroborar números de teléfono y correos hallados en fuentes abiertas— la verificación mostró que entre los registros había tanto entradas que el desarrollador había usado como pruebas como otras que corresponden a víctimas reales.
La investigación identificó registros irregulares en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), donde se detectaron “colados” que habrían utilizado documentación ajena —incluidos certificados de defunción y soportes bancarios— para intentar acceder a compensaciones económicas. Algunos de estos registros falsos suplantaban a reclamantes del caso “Integrantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”.
Estas maniobras no solo constituyen un grave irrespeto hacia las víctimas que aún esperan la reparación ordenada desde 2022, sino que también podrían configurar delitos de suplantación, falsedad en documento público y fraude procesal, al haberse usado identidades y soportes falsos en un proceso judicial.
Reiteramos que la comprobación se realizó exclusivamente con fuentes abiertas y correlaciones públicas; no se efectuaron pruebas intrusivas ni accesos a sistemas privados.
Víctimas a la espera de la reparación
En el marco de la investigación, PetroLeaks contactó a un familiar de una víctima vinculada a la UP que todavía espera su reparación durante este gobierno; según la persona entrevistada, los montos de reparación por víctima oscilan entre 50.000 y 90.000 dólares, dependiendo del fallo de la CIDH y del caso concreto.
Estos testimonios, unidos a la evidencia archivada (snapshots y metadatos) y a los indicios de registros alterados, refuerzan la necesidad de custodiar las pruebas originales, notificar responsablemente a las autoridades competentes y publicar únicamente versiones anonimizadas para evitar daño adicional a las personas afectadas, además de impulsar una auditoría para depurar y validar la base de beneficiarios.
La red de influencias que se esconde tras la defensa de las víctimas
Al amparo de un discurso de defensa de derechos humanos que lo blinda de críticas y lo posiciona moralmente por encima del escrutinio público, Iván Cepeda ha tejido en las sombras una poderosa red de influencias que lo impulsa como candidato presidencial, no por sus logros en justicia, sino por su habilidad para camuflar el poder bajo la retórica de la dignidad.
Ya que su patrimonio, su alcance político y su estructura de poder han crecido silenciosamente, mientras la reparación de las víctimas que dice representar sigue sin cumplirse.
Ya no se trata solo de ética, sino de rendición de cuentas. El país merece respuestas. El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro debe explicar cómo y con qué recursos adquirió sus nuevas propiedades y de qué manera pagó la deuda superior a 600 millones de pesos que dejó su campaña al Senado en 2022. Callar ante estas preguntas sería traicionar el mismo discurso de transparencia y justicia que dice defender.
Preguntas frecuentes sobre Iván Cepeda en la UNGRD y la instrumentalización de las víctimas
¿Qué es la revictimización de las víctimas?
Es cuando una persona que ya ha sufrido violencia —especialmente mujeres, niñas y poblaciones históricamente vulneradas— vuelve a ser expuesta al dolor, al descrédito o al abandono institucional. Ocurre, por ejemplo, cuando se duda de su testimonio, se le culpa por lo ocurrido, o el Estado no cumple con su deber de protegerla y repararla, prolongando así el daño inicial.
¿Qué es Instrumentalización?
Es cuando se usa a una persona, causa o institución como herramienta para lograr fines personales o políticos, sin un interés genuino en el bienestar de aquello que se dice defender.
¿Qué hace la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)?
Es la entidad del Estado colombiano encargada de prevenir, atender y coordinar respuestas ante desastres naturales o emergencias, con recursos públicos destinados a salvar vidas y reconstruir comunidades.
¿En qué va el caso de la UNGRD?
El escándalo de corrupción en la UNGRD involucra a altos funcionarios y millonarios contratos irregulares. Uno de los principales implicados, César Augusto Manrique Soacha, exdirector de Función Pública y prófugo con circular roja de Interpol, estaría escondido en El Catatumbo bajo protección de una integrante del área financiera del ELN, según el medio La FM. Inteligencia investiga si esta relación facilitó el lavado de activos con recursos desviados desde la entidad.
La Corte Suprema, Fiscalía y Procuraduría mantienen abiertas las investigaciones por captura institucional y nexos con grupos armados ilegales.
