Caso Quintero cerrado pese a pruebas de cámaras de seguridad
En junio de 2020 salió a la luz pública una denuncia de presunto acoso y abuso sexual contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Pese a las primeras revelaciones, y tras presiones ejercidas sobre periodistas y medios, el caso fue desestimado.
El 19 de octubre de 2021, una nueva denuncia por acceso carnal violento agravado fue radicada ante la Fiscalía 53 de CAIVAS Medellín, señalando al exalcalde Daniel Quintero como responsable de un hecho ocurrido en octubre de 2019 contra una joven de 19 años en la sede de su campaña, días antes de resultar elegido alcalde de Medellín.
A partir de correos y documentos de la Fiscalía General de la Nación, producto de una filtración de datos no autorizada en 2022, indicaron que se citaron personas cercanas al exalcalde para dar su versión de los hechos, luego algunas de ellas ocuparon cargos en la administración distrital. El caso, registrado con el número 050016000207202150589 y asignado al fiscal Floriberto Tuberquia, fue archivado el 25 de noviembre de 2021, apenas un mes después de su apertura; sin embargo, este no es el único caso por delitos sexuales denunciados contra Quintero.
¿Qué ocurrió con las denuncias previas por delitos sexuales de Daniel Quintero ocurridos en 2016 y 2018?
Un informe interno de la Sección de Análisis Criminal del CTI de la Fiscalía deja en evidencia que, para el fiscal investigador de ese momento, las denuncias publicadas en 2020 por El Espectador, Las 2 Orillas y La W Radio sobre presuntos delitos sexuales cometidos en 2016 por Daniel Quintero Calle, cuando era viceministro del Ministerio de las Tecnologías de la Información MinTIC, eran viables y susceptibles de investigación.

Con base en esa información, el informe redactado por el CTI concluye que la probable ocurrencia de los hechos debía investigarse en Bogotá, coincidiendo con la ubicación laboral de Quintero Calle en el Ministerio de Tecnologías de la Información. Pese a esa constatación, la Fiscalía no avanzó en la apertura de una investigación formal.
Hasta la fecha no existe registro en el Sistema Penal Oral Acusatoria (SPOA) de acusación alguna por abuso sexual en su contra.
De las mujeres que denunciaron públicamente a Daniel Quintero Calle, una —cuya denuncia se hizo en 2020— tuvo que abandonar el país tras recibir amenazas e intimidaciones. Otra, que lo señaló en 2021, no llegó a declarar formalmente ante la Fiscalía debido a presiones y hostigamientos. Estos hechos no solo explican la ausencia de sus versiones en los expedientes, sino que también evidencian el ambiente de miedo que rodeó ambas denunciantes.
Como se puede evidenciar, en el siguiente archivo masivo de la Fiscalía 53 de Medellín.
El archivo judicial de la Fiscalía 53 de Medellín que vinculó a Daniel Quintero Calle entre 2006 y 2019

Un protocolo interno de la Fiscalía terminó convirtiéndose en una vía rápida para cerrar procesos por violencia sexual. En mayo de 2022 se conoció un correo institucional en el que la Fiscalía 53, dirigida por Floriberto Tuberquia, ordenaba a sus funcionarios no ampliar los términos de investigación en este tipo de casos, incluido el expediente en el que aparecía mencionado el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
El mensaje advertía que los despachos 53 y 58 acumulaban procesos abiertos desde 2006 con más de 400 días de trámite y que la nueva política institucional era clausurarlos sin prórrogas.
En un chat adjunto, Tuberquia fue aún más explícito: “lo procedente es el archivo”, escribió, al considerar los hechos “casi imposibles de demostrar”, invocando además la presión de una nueva ley (no especificada) que imponía un plazo máximo de ocho meses para decidir.

La aplicación de esta directriz derivó en un mecanismo de archivo exprés que dejó investigaciones inconclusas: casos cerrados sin practicar pruebas adicionales, inspecciones o búsquedas de testigos. En ese marco, la investigación contra Quintero fue clausurada en apenas un mes, bajo el argumento de “inexistencia del hecho”.
Tras confirmar que la investigación no fue resuelta, presentamos los hallazgos obtenidos, a continuación.
La respuesta de la fiscalía 53 de Medellín tras no investigar
Se confirmó el registro en la Fiscalía del proceso penal por el delito de acceso carnal violento agravado, bajo el número SPOA 050016000207202150589, por hechos ocurridos el 1° de octubre de 2019. El caso fue asignado el 19 de octubre de 2021 a la Fiscalía 53 Seccional de Medellín – CAIVAS, y tipificado como agravado debido a que el presunto agresor ocupaba un cargo de autoridad o posición jerárquica que habría generado confianza en la víctima.
Sin embargo, apenas un mes y seis días después, el 25 de noviembre de 2021, el expediente fue archivado con el argumento de “inexistencia del hecho”, a pesar de las actuaciones preliminares registradas como las entrevistas a los denunciantes, la identificación de la presunta víctima, la solicitud de copias de cámaras de seguridad y el esquema investigativo solicitado por la misma Fiscalía 53. La denuncia fe publicada por el medio IFM en enero de 2022 y el periódico El Espectador en 2020.

¿Qué dice el expediente sobre la nueva denuncia del exalcalde de Medellín?
La investigación de la Fiscalía 53 de Medellín incluyó entrevistas programadas a testigos, implicados, denunciantes anónimos y a la propia víctima, una orden para inspeccionar las cámaras de seguridad de la empresa Dogman de Colombia Ltda. (instaladas en la sede de campaña del exalcalde), y un rastreo en redes sociales sobre denuncias previas contra Daniel Quintero.
Esquema de la investigación solicitada por la asistente de la Fiscalía al señor fiscal Tuberquia

También se dispusieron consultas internas en bases de datos judiciales y citaciones a altos funcionarios de la administración del exalcalde Daniel Quintero, como Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, para determinar si conocían los hechos y su papel frente a la denuncia. Además, se identificó que el denunciante anónimo es militante del Pacto Histórico y del Partido Verde.
Este hallazgo abrió la puerta a nuevos actores que también presentaron denuncias de manera anónima.
Los denunciantes anónimos
En la ruta de investigación de la Policía Judicial aparecen dos denunciantes anónimos. Uno de ellos, fue citado a la Fiscalía el 25 de octubre de 2021, dos días después de que la primera denuncia anónima fuese interpuesta. De acuerdo a la asistente de Fiscalía 53 de la Unidad de Delitos Sexuales CAIVAS de Medellín, Diviannys Poveda, lo citaron “para que dé a conocer lo que sabe referente a un Acceso Carnal Violento, a una joven de 19 años“, dando como resultado la identificación e individualización de la víctima que no solo enfrentó la violencia de un abuso sexual, sino también la revictimización de un sistema que le dio la espalda. La Fiscalía, en lugar de actuar con enfoque de género y garantizar justicia, optó por la indiferencia.
El segundo denunciante es profesor y columnista de opinión en el medio digital noapto.co, desde donde ha mantenido una postura crítica frente a los gobiernos de Daniel Quintero Calle en Medellín y de Gustavo Petro en Colombia.

Evidencias iniciales, denunciantes, testigos y cámaras de seguridad
En un correo fechado el 25 de octubre de 2021, pocos días después de haberse interpuesto la denuncia anónima, la asistente de Fiscalía Diviannys Povedas Benítez, adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales (Fiscalía 53), envió a su superior, Floriberto Tuberquia, un esquema preliminar para iniciar la investigación. En el documento adjunto, la funcionaria registró el caso bajo el título: “OPJ Daniel Quintero”. OPJ quiere decir “Órdenes a las Policía Judicial”.


Primeros resultados de la investigación
El 2 de noviembre de 2021, las funcionarias de la Fiscalía 53 Natalia Valencia y Rubiela Bedoya emitían los primeros resultados de investigación contra el exalcalde Daniel Quintero y la orden de la Policía Judicial emitida desde el 25 de octubre de 2021 a las diferentes áreas.


Extraídas de la filtración de datos de la Fiscalía General de la Nación. Fuente: Petroleaks.

Entre esos primeros hallazgos surgió un aspecto especialmente sensible: las grabaciones de las cámaras de seguridad de Dogman, un aspecto que se revela a continuación con inconsistencias clave.
¿Qué pasó con la copia de las cámaras de seguridad de Dogman Colombia Ltda.?

En el documento titulado “Órdenes a la Policía Judicial”, se encontró la solicitud expresa de inspeccionar, extraer y analizar la información almacenada en las cámaras de seguridad instaladas en la sede de campaña del presunto indiciado, Daniel Quintero Calle, durante el periodo comprendido entre el primero de septiembre y el 31 de octubre de 2019, siendo el 27 de octubre electo como alcalde de Medellín. La orden fue dirigida a la empresa de vigilancia Dogman Ltda., con el fin de que esta aportara los registros en video que pudieran respaldar o desvirtuar la denuncia por abuso sexual.
De acuerdo a una entrevista que hizo PetroLeaks, con uno de los fiscales encargados del proceso judicial de 2021, se confirmó que la empresa Dogman era la responsable de la seguridad en las instalaciones donde funcionaba la sede de campaña de Daniel Quintero, ubicada en una casa en la Avenida Colombia con Carrera 80 de Medellín, Antioquia —lugar de los hechos denunciados—; sin embargo, no fue posible recuperar los videos de las cámaras, porque, aunque estaban instaladas, aparentemente no habían registrado ninguna grabación.
La Policía Judicial ordenó la copia de las cámaras de seguridad de Dogman Ltda. como parte de la investigación
La solicitud fue dirigida a la empresa de vigilancia Dogman Ltda., encargada de la seguridad del lugar, con el objetivo de aportar “evidencia que confirmara o descartara la ocurrencia de los hechos denunciados por violencia sexual”.
A pesar de ser un delito agravado, la obtención de los videos de seguridad no fue confirmada por la empresa en cuestión, la Fiscalía no ejerció la solicitud a un juez de control de garantías ni emprendieron otras acciones jurídicas para cumplir con el procedimiento solicitado por las funcionarias adscritas a la Fiscalía 53 de Medellín, ya que dieron acción al plan de archivo masivo incluyendo la denuncia agravada contra Quintero.
No obstante, la ausencia de registros sobre la entrega o análisis del material plantea un vacío crucial en la cadena de investigación. Este silencio administrativo —en un caso de delito sexual con un indiciado de alto perfil político— abre serias preguntas sobre el tratamiento probatorio y la posible existencia de obstáculos institucionales que facilitaron el archivo del expediente sin agotar las pruebas disponibles.

La administración de Quintero aumentó en 500 % las ejecuciones de contratos a Dogman Ltda.
Con la llegada del exalcalde Daniel Quintero a la Alpujarra, los contratos de la empresa Dogman de Colombia Ltda. incrementaron en un 503 % con respecto a la administración de Federico Gutiérrez.
En 2019 se ejecutaron $869.434.973 mediante las órdenes de trabajo 2, 4, 5 y 6; en 2020, bajo la administración de Daniel Quintero, la prórroga del contrato se formalizó mediante la Cláusula Adicional N.º 1 del 18 de junio por seis meses, hasta el 22 de diciembre de 2020, alcanzando en esa anualidad una ejecución de $5.246.665.540, lo que representa un incremento del 503,46 % respecto a 2019.

Esta aceleración coincidió con que DOGMAN era la empresa responsable de las cámaras de la sede de campaña de Daniel Quintero, cuyos videos fueron solicitados por la Fiscalía en la investigación por presunto abuso sexual agravado, sin que exista constancia de que esos registros hayan sido entregados, analizados o desaparecidos.
Lo significativo es que este pico de contratación millonaria se dio en junio 2020, precisamente en paralelo a las primeras denuncias publicadas por El Espectador en junio de 2020 sobre presuntos abusos sexuales, y no volvió a repetirse en los años posteriores.
El panorama muestra que Quintero dejó a DOGMAN ampliamente beneficiada antes de que surgieran nuevas denuncias, garantizándole un respaldo institucional frente a la posibilidad de futuras investigaciones.
A continuación, expondremos las voces implicadas alrededor de la denuncia.
Testigos e implicados alrededor de la denuncia por presunta violencia sexual
En el mismo orden se solicitó entrevistar a tres figuras claves de la administración municipal: Juan Pablo Ramírez, secretario de Inclusión Social de Quintero; Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno y excandidato a la Gobernación de Antioquia; ambos contactables al 300 707 9941 (número de teléfono de la Alcaldía de Medellín); y Jhon Hernández Ruiz, localizable en el 350 475 6805, este último al utilizar herramientas OSINT (Open Source Intelligence), se encuentra registrado a nombre de “Jhon Weed“.
El objetivo era determinar si alguno de ellos tuvo conocimiento de los videos mencionados en la denuncia y cuál fue su proceder al respecto.
También se buscó citar a Jader Vanegas al 3103571662 quien era el jefe de seguridad durante la campaña electoral a la Alcaldía de Medellín en 2019, sin embargo, sus testimonios, según uno de los servidores públicos que participó en la investigación del caso, señaló que: “aunque se intentó ubicar a varios testigos de los hechos, ninguno tenía claridad sobre el origen de la información inicial, lo que impidió encaminar adecuadamente el proceso para verificar la existencia del hecho y, en consecuencia, establecer la responsabilidad del mencionado“, dichos testigos desviaron la investigación hacia el número telefónico de Jhon Weed, quien registra un negocio de ventas materas y jardines, además de venta de productos alternativos del cannabis y semillas para autocultivos.
En sus redes sociales tiene fotografías tomando champagne en el Concejo de Medellín con el concejal Fredy Andrés Cárdenas Molina, el cual se quemó en la última elección de 2023, por la coalición Medellín Te Pertenece: Colombia Justas Libres, Nuevo Liberalismo y Nueva Fuerza Democrática.

El estado judicial de Daniel Quintero es turbio
El expediente del exalcalde Daniel Quintero Calle está marcado por un panorama complejo. En su contra reposan investigaciones por presuntos delitos como injuria, calumnia, concusión, abuso de autoridad y agresión sexual agravada. Al menos ocho procesos siguen activos o en etapa de indagación, lo que deja en evidencia un estado judicial dudoso.
La reiteración de estas denuncias, sumada a la pasividad de la fiscal general Luz Adriana Camargo, expone no solo una justicia lenta, sino también selectiva. En el marco de PetroLeaks, estos hallazgos no deben limitarse a generar indagación, si no que deben movilizar. Ya que el silencio institucional también es complicidad.



Nota al lector o lectora: por razones de seguridad y respeto a la privacidad, PetroLeaks ha reservado la identidad del denunciante anónimo y de la presunta víctima. Invitamos a quienes tengan información relevante o hayan sido víctimas de situaciones similares a acudir a la Fiscalía General de la Nación y hacer uso de los canales oficiales de denuncia.
Preguntas frecuentes sobre delito sexual en Colombia
¿Qué es un delito sexual?
El Código Penal colombiano, en los artículos que regulan los delitos sexuales (por ejemplo los artículos 205 en adelante), define delitos como acceso carnal violento, acto sexual violento y actos sexuales con persona incapaz de resistir, entre otros.
¿Cuándo es la audiencia de Daniel Quintero por la corrupción del caso de Aguas Vivas?
El 21 de noviembre de 2025 es la audiencia de acusación contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas, instancia en la que la Fiscalía presentará cerca de 4.000 pruebas. Esta diligencia será decisiva para establecer si el proceso avanzará o no a juicio.
¿Qué es un Leak?
Un leak (filtración) es la entrega no pública de información relevante (documentos, bases de datos, audios, correos, chats, etc.) por parte de una fuente que accede a ella y la comparte con periodistas para revelar hechos de interés público (corrupción, abusos de poder, conflictos de interés, violaciones de derechos, etc.). La clave no es el “secreto” en sí, sino su valor público verificable.
Muchos leaks son la verdad detrás de mucha oscuridad… muchas verdades somos nosotros, PetroLeaks.





