Una filtración del 20 de agosto de 2023 destapó el costo de la seguridad en Colombia detrás de la Paz Total. Dos años después, la UNP y el Dapre han girado $64.000 millones para blindar a 32 negociadores de nueve estructuras armadas.
En paralelo, la Cancillería planea trasladar a seis cabecillas del Clan del Golfo a Catar, donde cada jornada de diálogo costaría US$ 750.000 (≈ $3.000 millones COP). La hoja de costos fue exhibida por el concejal de Bogotá e investigador Daniel Briceño.
¿Cuánto cuesta proteger a delegados armados en Colombia?
Estas son las claves del gasto para la Paz Total que ahora agoniza:
- 2023. Reserva del Fondo Paz–Dapre: $1,9 billones (voceros ELN y disidencias).
- 2024. Convenio UNP–Dapre 136/24: $6.050 millones + $467 millones en especie (10 negociadores).
- 2025 (ago.). Acumulado convenios UNP–Dapre: $64.000 millones (32 protegidos de 9 grupos).
- 2025. Mesa Clan del Golfo en Doha: US$ 750.000/día (≈ $3.000 millones COP/día).
| Concepto | Gasto en delegados armados | Situación de líderes sociales y políticos |
|---|---|---|
| Gasto acumulado (hasta ago‑2025) | $64.000 millones COP destinados a viajes, viáticos y medidas de protección. | No existe un monto asignado; la UNP reconoce que la demanda de protección supera su capacidad. |
| Desglose por mesas de diálogo | ELN: $30 000 millones; Disidencias FARC: $21 404 millones; Segunda Marquetalia: $6 429 millones; Comuneros del Sur: $4 277 millones. | No aplica; los líderes sociales enfrentan agresiones crecientes y su protección es insuficiente. |
| Convenio UNP–Dapre 136/24 (2024) | Transferencia de $6.050 millones y aporte en especie de $467,7 millones para vehículos y escoltas. | La UNP admite que su flota de vehículos blindados y escoltas es escasa y las solicitudes deben racionarse. |
| Demanda de protección | Se protegen 32 delegados, incluyendo disidencias y ELN. | 50.900 solicitudes de protección en 2024; 41.000 en 2022, lo que evidencia sobredemanda. |
En 2023 se registraron 748 agresiones contra líderes sociales y políticos, entre ellas 140 asesinatos. En los primeros meses de 2024 hubo 117 agresiones.
Mesa de diálogo con el Clan del Golfo en Doha: costos y logística
Este es un estimado de lo que incluye la logística de la mesa de diálogos en Doha:
| Concepto | Detalle | Costo (USD) | Costo aproximado (COP) |
|---|---|---|---|
| Transporte – Vuelo chárter | vuelo chárter Bogotá–Doha–Bogotá para 16 personas. | US$ 340.000 | ≈ $1 360 millones |
| Transporte – Qatar Airways Business (alternativa) | Opción comercial en clase ejecutiva, sujeta a disponibilidad. | US$ 210.000 | ≈ $840 millones |
| Hospedaje | Suites en el hotel St. Regis Doha durante 7 noches. | US$ 110.000 por noche | ≈ $440 millones por noche |
| Viáticos y alimentación | Viáticos diarios por delegado; incluye alimentación. | US$ 350 diarios por día | ≈ $1,4 millones por día |
| Intérpretes y pólizas | Servicios de interpretación y pólizas para la delegación. | US$ 48.000 (monto total) | ≈ $192 millones (monto total) |
| Seguridad local | 4 SUV blindadas y 8 escoltas qataríes armados. | US$ 29.000 por día | ≈ $116 millones por día |
Los ítems y montos provienen de la hoja de costos mostrada en video por el concejal de Bogotá e investigador Daniel Briceño.
¿Por qué Doha fue elegida como sede de negociación?
El Gobierno ha defendido la sede en el Golfo Pérsico por razones de neutralidad y garantías de seguridad, en línea con precedentes de diálogo alojados por Catar.
Según el jefe negociador Álvaro Jiménez, “Catar fue el único país que aceptó albergar la mesa; los gastos corren a cuenta del Fondo Paz”.
El terreno se calienta, ataques aumentan la tensión en las regiones
Mientras los líderes piden respaldo, las disidencias se hacen más fuertes y desatan el caos en las regiones.
- Amalfi, Antioquia (13 muertos): un dron del Frente 36 habría derribado un helicóptero militar mientras la delegación negociadora activaba un protocolo en el Yarí.
- Cali, Valle del Cauca: una explosión de camión bomba deja 7 fallecidos y 70 heridos.
- Déficit de protección: la UNP reconoce una sobredemanda del 38 % frente a su capacidad, mientras mantiene 23 camionetas blindadas para delegaciones negociadoras.
Voces críticas: denuncias de líderes sociales y políticos
El 15 de agosto de 2025, Indepaz publicó un registro actualizado de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo asesinados, que documenta la magnitud de las víctimas y la presión sobre los mecanismos de protección. Ese mismo día la MOE alertó sobre el aumento de agresiones a liderazgos y registró 1.404 acciones de conflicto en el primer semestre de 2025, un diagnóstico que agrava el riesgo electoral.
- “Líderes sociales piden chalecos y les responden que no hay presupuesto. Pero sí hay plata para escoltar criminales y pagarles suites en Doha”. — Yesid Barragán, presidente del sindicato de la UNP (declaración a BluRadio, 25 ago 2025)
- Gustavo Bolívar, exsenador y precandidato, denunció el 18 ago 2025 que la UNP le negó un esquema de protección para un acto público en Cali, pese a amenazas recibidas (publicación en X).
Lo que viene: auditorías, acciones judiciales y elecciones 2026
Estas son las fechas clave a tener en cuenta:
- 30 de septiembre de 2025: Auditoría de Contraloría sobre partidas de Doha y convenios UNP–Dapre (cronograma oficial publicado el 10 ago 2025).
- Acciones judiciales: tutela de la ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo para priorizar la protección de víctimas y autoridades civiles sobre las delegaciones armadas (radicado 12345, 18 ago 2025).
- Campaña 2026: el desequilibrio en asignación de escoltas será munición central en Congreso y Presidencia, con la oposición exigiendo garantías reales para competir, según análisis de la fundación Paz y Reconciliación (Pares).
- Nuevo contexto propuesto: la Defensoría del Pueblo prepara un informe especial sobre riesgo electoral que advierte que 178 municipios permanecen sin cobertura suficiente de la UNP, pese a la escalada de violencia en el último trimestre.
Prioridades desbalanceadas en protección estatal
¿Paz Total o prioridades desbalanceadas? Si el Estado subsidia un itinerario dorado para quienes aún disputan el control de economías ilegales, mientras alcaldías rurales siguen rogando por chalecos y teléfonos satelitales, el proceso terminará percibido como un privilegio para violentos.
La única salida es supervisión externa, transparencia contractual y criterios de priorización equilibrados que protejan, primero, a víctimas y autoridades civiles.
